39 lecturas
Por Ricardo Sevilla
La maquinaria legal de la Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un proceso que comienza a generar profundas grietas en las élites de la derecha mexicana.
Y ojo: no se trata de rumores, sino de hechos concretos que están cimbrando los cimientos de un puñado de figuras prominentes.
Para entender la magnitud del guamazo, es indispensable contar esta historia con datos duros.
Bajo la dirección de Ernestina Godoy, la FGR ha judicializado la carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y otras dos personas.
Los tres serán imputados por su probable intervención en el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, tal como lo tipifica el Artículo 217 del Código Penal Federal.
La acusación central gira en torno a la polémica obtención de una pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar, tras el trágico fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, ocurrido en 2004. Una suma que hoy Pemex busca recuperar y que asciende a 31 millones de pesos.
Sin embargo, apenas se anunció este movimiento judicial, la respuesta fue inmediata. Los voceros más beligerantes de la derecha saltaron a la palestra para defender a Casar.
Un ejemplo claro fue la reacción del loquillo Manuel López San Martín, uno de los palafrenero consentidos de Salinas Pliego, quien sin ofrecer prueba alguna, declaró que se trata de una embestida y una “persecución política” orquestada por la FGR.
Pero no es así.
Amparo Casar sabía lo que hacía (torcer la ley o pasársela por el arco del triunfo) al solicitar el pago de un seguro de vida, ayuda de gastos funerarios y una pensión post-mortem a favor de ella y de sus dos hijos. Pero, ahora, la FGR la tiene en la mira. ¿Y sabe qué? Está muy bien.
