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A menos de un año de gobierno, la administración de la alcaldesa Rosa Elva Barrera Flores enfrenta un creciente descontento social por el aumento de los problemas
Mario López
GRUPO CANTÓN
A menos de un año de asumir la presidencia municipal de Hueypoxtla, la administración de la alcaldesa Rosa Elva Barrera Flores, del partido PVEM, enfrenta una ola de quejas ciudadanas por inseguridad, desabasto de agua y abandono de servicios básicos que, según vecinos y comerciantes, ponen en riesgo la vida cotidiana y la economía local.
Vecinos de comunidades como Santa María Ajoloapan y Zacacalco reportan cobros de “derecho de piso”, robos recurrentes y extorsiones que han convertido comercios y rutas en zonas de alto riesgo.
Los testimonios de vecinos coinciden con reportes ministeriales que documentan aumentos en robos a transeúntes y a casa habitación desde inicios de 2025, y una percepción ciudadana de abandono institucional en seguridad, salud y educación.
Habitantes acusan falta de presencia policial, patrullaje insuficiente y protocolos reactivos que no frenan la violencia cotidiana.
En materia hídrica, comunidades denuncian tandeos y la disputa sobre la propiedad y gestión de pozos; hay versiones locales de desvío o extracción irregular del recurso que agravan la escasez en la cabecera municipal. La falta de un diagnóstico público y cifras claras por parte del ayuntamiento agrava la incertidumbre.
Cabe destacar que, a nivel estatal y nacional, las encuestas y registros oficiales muestran que la percepción de inseguridad sigue alta en 2025 y que ciertos delitos, como la extorsión, han crecido en el país, contexto que obliga a respuestas locales robustas. La falta de datos públicos municipales sobre incidencia y gasto en seguridad impide evaluar si los recursos se destinan correctamente.
La responsabilidad política de la alcaldesa Barrera Flores, “es directa”, asegura la ciudadanía, que exige “planes operativos, transparencia” en la gestión del agua, rendición de cuentas y coordinación real con Fiscalía y fuerzas estatales. Sin acciones concretas y cifras oficiales verificables, la administración corre el riesgo de legitimar la impunidad que hoy denuncian sus habitantes.
