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Por Ana E. Rosete
El cierre de año en la CDMX suele presentarse como un momento de balance, pero en la práctica es un ejercicio más narrativo que contable. Se habla de avances, de estabilidad y de continuidad, mientras los pendientes se acomodan —otra vez— en el cajón del “para el siguiente ejercicio fiscal”. Lo preocupante no es solo lo que no se resolvió en 2025, sino cómo esos rezagos condicionarán el presupuesto de 2026.
Este año cerró con una administración en proceso de acomodo. Cambios de titulares, reestructuras internas y ajustes de prioridades que, inevitablemente, se reflejaron en el ritmo del gasto público. Hubo subejercicios en áreas clave y retrasos en proyectos que no dieron rédito inmediato. Nada extraordinario, pero sí sintomático: cuando el tiempo político aprieta, la planeación suele ceder.
El problema es que el presupuesto de 2026 no partirá de cero. Llegará cargado de compromisos heredados, presiones sociales acumuladas y una ciudad que enfrenta problemas estructurales que no admiten más postergaciones. Transporte público con mantenimiento insuficiente, una crisis hídrica persistente, necesidades urgentes de vivienda y servicios urbanos que rebasan la capacidad de respuestas parciales.
En materia social, el reto será doble. Por un lado, sostener programas prioritarios que tienen respaldo político; por otro, evitar que áreas menos visibles —pero fundamentales— vuelvan a ser las variables de ajuste. Cultura, prevención social, atención comunitaria y políticas de largo plazo suelen pagar el costo cuando el presupuesto se discute con criterios más electorales que técnicos.
La relación con las alcaldías también será un punto de tensión. El cierre de 2025 confirma una tendencia a la centralización del gasto, mientras las responsabilidades operativas siguen recayendo en los gobiernos locales. Esta asimetría no solo complica la gestión cotidiana, también distorsiona la rendición de cuentas.
El presupuesto de la Ciudad de México para 2026 será una prueba de madurez institucional. No bastará con repetir el discurso de austeridad o justicia social; hará falta claridad en las prioridades, transparencia en los compromisos financieros y, sobre todo, voluntad para enfrentar los problemas que ya no pueden seguirse pateando.
Cerrar un año no significa solo gastar lo asignado ni presumir lo ejecutado. Significa hacerse cargo de lo que viene. Y en 2026, la Ciudad de México llegará con menos margen para la improvisación y más necesidad de decisiones de fondo.