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Empresa arrastra una deuda fiscal de más de 4 mil 540 millones de pesos con el fisco
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- Grupo Televisa mantiene un doble juego: arrastra una deuda fiscal de más de 4 mil 540 millones de pesos con el SAT, pero al mismo tiempo recibe recursos públicos mediante contratos de publicidad oficial y beneficios ligados al Mundial 2026. De ese monto, 2 mil 378 millones corresponden a Ollamani —empresa vinculada a Emilio Azcárraga— y 2 mil 162 millones a Televisa y sus subsidiarias, pese a que el gobierno ha prometido no otorgar publicidad oficial a quienes adeudan al fisco.
De acuerdo a una investigación periodística, señala que la contradicción es evidente: mientras el SAT mantiene abiertos créditos fiscales contra el conglomerado mediático, instituciones públicas continúan destinando partidas millonarias a sus espacios televisivos.
A ello se suman los posibles beneficios derivados de las exenciones fiscales que la FIFA impuso para la organización del Mundial 2026, lo que podría traducirse en un nuevo alivio económico para Televisa y Ollamani, aun con sus deudas vigentes.
El caso revela un patrón histórico en el que grandes corporativos mediáticos conservan privilegios frente al Estado. Televisa, con décadas de influencia política y económica, capitaliza su posición en la organización de eventos deportivos y en la venta de publicidad oficial. La remodelación del Estadio Azteca —estrechamente ligada al Mundial— simboliza esta relación: inversión pública, ganancias privadas y obligaciones fiscales sin resolver.
La situación abre un debate sobre la coherencia de las políticas de austeridad y transparencia del gobierno federal. Especialistas en derecho fiscal advierten que permitir beneficios tributarios a empresas con adeudos compromete la credibilidad institucional y exhibe la fragilidad de los mecanismos de control.
En un país donde la recaudación sostiene programas sociales, la deuda de Televisa y Ollamani representa más que números: evidencia un sistema desigual. Mientras ciudadanos y pequeñas empresas enfrentan sanciones inmediatas por incumplimientos, los grandes conglomerados mantienen márgenes de negociación y acceso a recursos públicos. El doble juego de Televisa no sólo cuestiona la congruencia gubernamental, sino también la legitimidad de un modelo que parece premiar a quienes más deben.
