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En 24 estados han despenalizado la práctica, pero ocho mantienen restricciones: Guanajuato, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Coahuila
JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- A diciembre del 2025, México muestra un contraste en derechos civiles: mientras los 32 estados reconocen el matrimonio igualitario, solo 24 han despenalizado la interrupción legal del embarazo. Según Segob, CNDH y Fundación MSI, ocho entidades mantienen restricciones y criminalizan salvo en causales específicas. Organizaciones como GIRE y Redefine advierten que la resistencia legislativa perpetúa desigualdad territorial y limita el acceso a servicios seguros.
PROGRESA MATRIMONIO IGUALITARIO
El avance matrimonial se consolidó el 4 de diciembre, cuando Guanajuato aprobó reformas a su Código Civil con 25 votos a favor y 9 en contra, convirtiéndose en la última entidad en sumarse.
El cierre de la brecha matrimonial puso fin a más de una década de resistencias legislativas. Estados como Aguascalientes y Chihuahua habían retrasado la armonización de sus códigos, pese a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde 2015 declaró inconstitucional cualquier prohibición al matrimonio igualitario.
Hoy, la unión civil entre personas del mismo sexo es una realidad jurídica en todo el territorio. No obstante, organizaciones civiles documentan que en entidades con rezagos históricos —como Durango o Tamaulipas— aún existen parejas que deben recurrir a amparos por prácticas administrativas restrictivas.
ESTANCAMIENTO DERECHOS REPRODUCTIVOS
La situación es distinta en materia de aborto. Aunque la SCJN resolvió en 2021 que penalizar el aborto es inconstitucional, la aplicación depende de los congresos locales. Según la Fundación MSI, en 2025 se sumaron Yucatán, Campeche, Chihuahua, Nayarit y Tabasco a la lista de entidades que permiten la ILE hasta las 12 semanas.
Con ello, 24 estados han despenalizado la práctica, pero ocho mantienen restricciones: Guanajuato, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Coahuila y Guerrero; así como otras entidades con marcos incompletos que aún criminalizan salvo en causales específicas como la violación.
La Secretaría de Salud federal reconoce que esta disparidad se traduce en desigualdad territorial. Mientras en la Ciudad de México se realizan más de 10 mil procedimientos seguros al año, en estados restrictivos persisten la negación de servicios y el riesgo de criminalización.
Organizaciones Feministas como GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), Redefine, Ocurrencia Colectiva y Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente, advierten que en estos estados donde aún no se garantizan plenamente el derecho a decidir, se evidencia que los reproductivos siguen enfrentando fuertes resistencias culturales y políticas.
El contraste es claro: mientras el matrimonio igualitario es ya universal, el acceso a la ILE permanece fragmentado.
