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Siete estados concentran la mitad de las víctimas del país.
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- A pesar de los esfuerzos federales y estatales, 16 estados de México mantienen niveles críticos de violencia letal relacionados con los conflictos entre organizaciones criminales.
El análisis “Estados más violentos sin mejoría pese a estrategias de seguridad”, realizado por México Evalúa, detalló que siete estados —Guanajuato, Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua— concentraron el 50% de las víctimas registradas en el país durante el periodo de enero a octubre de este año.
La presión de operativos federales y la falta de fortalecimiento institucional local mantienen a estas entidades en un ciclo de homicidios y fragmentación criminal que las estadísticas nacionales no alcanzan a reflejar, mostrando que la pacificación sigue siendo un desafío lejano.
El informe de México Evalúa señaló que los datos agregados del país “invisibilizan las heterogeneidades territoriales” y advirtió que las estrategias actuales no han logrado consolidar una pacificación real.
🚨De enero a octubre, siete estados concentran la mitad de las víctimas letales en México. (❗) Guanajuato reporta a una de cada diez.
🔗Conoce la evolución de los proxys de violencia letal (homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la… pic.twitter.com/jxketgMXJ5
— México Evalúa (@mexevalua) December 3, 2025
Entre los estados que destacaron por su deterioro se encuentra Tabasco, que atraviesa un balance “muy negativo” tras registrar un repunte en homicidios y violencia. En contraste, algunas entidades presentan mejoras marginales, lo que evidencia que los avances siguen siendo frágiles.
En territorios bajo presión de múltiples organizaciones criminales, la violencia persiste. En ese contexto, Sinaloa emerge como el caso más alarmante: su tasa de violencia letal creció 59.2% en 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose como una de las más altas del país.
Este panorama demuestra que la militarización, los operativos policiales y las acciones federales, sin un acompañamiento institucional sólido —como el fortalecimiento de policías locales, la gobernanza, la coordinación estatal-municipal y el desarrollo social— solo han logrado reducciones parciales y temporales, pero no una pacificación sostenible.
El informe recomendó rediseñar las políticas de seguridad en México, priorizando la pacificación estructural y el fortalecimiento institucional local en lugar de centrarse únicamente en acciones tácticas. Advirtió que, sin capacidades locales robustas, el combate frontal puede generar fragmentación criminal y desplazar la violencia hacia estados vecinos, como ocurre en Sinaloa.
Entre las estrategias propuestas destacan: la implementación de esquemas multinivel y multirregionales; la sistematización de experiencias exitosas en estados como Yucatán y Coahuila; y la incorporación de sistemas de alerta temprana en entidades en riesgo, como la Ciudad de México y Nayarit.
Asimismo, se recomendó vincular la prevención del crimen con políticas de desarrollo territorial, fortaleciendo la gobernanza municipal, los programas sociales con perspectiva criminal y la recuperación del espacio público, para evitar que el combate directo acelere la atomización del conflicto.
