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Por Ana María Vázquez
Escritora/Dramaturga
@Anamariavazquez
Fue durante el sexenio de Felipe Calderón que se inició un esquema llamado Asociaciones Público Privadas, que son acuerdos entre el gobierno y empresas para diseñar, construir y operar proyectos de infraestructura firmando contratos de hasta 60 años.
En principio suena bien, que la IP construya y administre, en tanto que el gobierno supervisa mediante una elevada renta mensual, todos los proyectos; de este modo, el gobierno de entrada no desembolsaría sino que lo haría el privado. De entrada, parece buena opción, pero no en el México corrupto, y desde Calderón hasta Peña, se firmaron contratos en casi todo: Infraestructura, carreteras, energía, educación, telecomunicaciones, cárceles y hospitales entre otras.
El más sonado fue el de las cárceles, anunciado por el propio Genaro García Luna en 2009, y hecho oficial un año después por Felipe Calderón. Los contratos de ninguna manera fueron entregados a profesionales ni bajo concurso, como ejemplos, están desarrolladora Homex, y empresas de Olegario Vázquez Raña, José de Jesús García Vázquez e Hipólito Gerard (este último fue beneficiado con otra APP en el gobierno de Peña y demandó al gobierno por 800 mdp por el Túnel Chimalhuacán II, obra que no concluyó, pero que ganó mediante litigios amañados); Gerard y su hermano Jerónimo, son cuñados de Carlos Salinas de Gortari y dueños de GIA y también emparentan con José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña. La corrupción, el influyentismo y la nula supervisión en los contratos hizo que el 90% de las APP´s se convirtieran en una sangría para el erario, obligado por contrato a pagar mensualmente cantidades millonarias por obras inconclusas o deficientes.
Una de estas concesiones es la del Hospital ISSSTE Tláhuac, del que recientemente Martí Batres ha anunciado que la empresa española Sacyr se ha negado a la finalización del contrato para que el ISSSTE pueda recomprar y así acabar con los contratos leoninos que merman las finanzas públicas. Con todo, hay que resaltar que el compromiso del gobierno desde febrero pasado ha sido terminar definitivamente con el entreguismo que gobiernos anteriores hicieron de nuestro país y que consintieron que los mexicanos pagáramos hasta 50 veces más el costo de obra pública, muchas veces inconclusa, en beneficio del mismo grupo de élite que ahora grita “represión”.
