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Las acusaciones van desde lavado de dinero hasta supuestos vínculos con el crimen organizado
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- En las últimas décadas, varios gobernadores estatales en México han sido vinculados a procesos judiciales por corrupción, lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado o malversación. Algunos han sido encarcelados, otros han logrado amparos, y unos pocos han sido liberados.
Desde el año 2000, se han encarcelado o sometido a procesos jurídicos a más de 15 ex gobernadores de diferentes estados, y se ha identificado que la mayoría de los casos vienen del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Entre los nombres se encuentra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte quien perteneció al PRI y gobernó en el periodo del año 2010. Duarte enfrentó acusaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito, hechos que derivaron en su expulsión del PRI. Duarte permaneció prófugo y fue capturado en 2017 y fue extraditado a México para que en 2018 se declarara culpable por lo que fue sentenciado a nueve años de prisión, aunque recientemente se estaría discutiendo la posibilidad de su liberación antes de cumplir en su totalidad su condena.
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ex gobernador de Nuevo Leon, fue detenido en 2022, acusado de utilizar recursos públicos y personal de gobierno para la recolección de firmas que respaldarían su campaña presidencial independiente en 2018. Meses después, su defensa afirmó que un juez federal lo había absuelto del delito electoral, aunque las autoridades estatales mantuvieron abiertas otras investigaciones relacionadas con el mismo caso.
También, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas hasta el 2004 y exmilitante del PRI, se declaró culpable el 25 de marzo de 2021 de haber participado en una conspiración para lavar dinero, Yarrington fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia, tras su captura se alcanzó un acuerdo para que fuera entregado a las autoridades estadounidenses.
Guillermo Padrés Elías, exgobernador panista de Sonora (2009–2015), salió del Reclusorio Oriente el 2 de febrero de 2019 tras permanecer preso desde noviembre de 2016, cuando se entregó acusado de lavar 8.8 millones de dólares. Un juez le permitió seguir su proceso en libertad con medidas cautelares como el uso de localizador electrónico, presentación quincenal, pago de 40 millones de pesos de garantía y restricción para salir del país.
El ex panista, Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes (2004–2010), fue vinculado a proceso en septiembre de 2021 por defraudación fiscal en los ejercicios 2012–2014. En 2019 ya había sido declarado culpable de peculado y ejercicio indebido del servicio público por simular la compra de un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos. Recibió una condena de 2 años y 9 meses, que pagó en libertad.
Jesús Reyna, gobernador interino por parte del PRI, en Michoacán en el año 2013, fue detenido en abril de 2014 acusado de proteger al cártel de Los Caballeros Templarios. Permaneció arraigado sin sentencia durante casi cinco años, hasta que la PGR retiró los cargos en diciembre de 2018 al no poder acreditar su supuesto vínculo con los líderes criminales Nazario Moreno y Servando Gómez.
De igual manera, Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco (2007–2012), recuperó su libertad el 8 de mayo de 2019 luego de que un tribunal revocó su condena por peculado relacionado con el desvío de casi 197 millones de pesos del Seguro Popular. Pasó más de cinco años en prisión preventiva y en la Torre Médica de Tepepan.
Flavio Ríos Alvarado, del PRI, gobernador de Veracruz en 2016, fue detenido y encarcelado una semana en marzo de 2017 por presunto encubrimiento y abuso de autoridad al supuestamente facilitar la fuga de Javier Duarte. Un juez lo exoneró el 15 de marzo de ese año.
Eugenio Hernández Flores, priista, gobernador de Tamaulipas en 2005 y hasta 2010, está preso desde octubre de 2017 en el penal de Tenango del Valle. Aunque fue exonerado en México por peculado y lavado de dinero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de conspiración para lavar dinero.
También, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010–2016), fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami y permanece preso en Estados Unidos mientras avanza su extradición. México lo reclama por peculado y asociación delictuosa por el desvío de 96.6 millones de pesos a empresas y personas cercanas entre 2011 y 2014.
Así mismo, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit en 2011 por parte del PRI, fue detenido en junio de 2021 y está preso en el CEFERESO No. 4. La FGR busca una condena de 15 años por lavado de dinero en la compra de cinco inmuebles valuados en más de 222 millones de pesos, además de enfrentar cargos estatales por cohecho, falsificación y peculado. Estados Unidos lo señala por corrupción y vínculos con el CJNG y los Beltrán Leyva.
Narciso Agúndez Montaño, exgobernador de Baja California Sur de 2005 a 2011, quien fuese miembro del extinto PRD, fue detenido en mayo de 2012 acusado de peculado. Tras seis meses en el CERESO de La Paz, obtuvo su liberación en diciembre de 2012 al pagar una fianza de 31 mil 700 pesos.
El priista, Jorge Juan Torres López, gobernador interino de Coahuila en 2011, fue condenado en Estados Unidos a 36 meses de prisión por lavado de dinero y conspiración. Fue liberado en septiembre de 2021 tras cumplir su sentencia.
Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla (2005–2011), fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho. Permanece en prisión preventiva en el CERESO de Cancún.
De igual manera, Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de Chiapas hasta el 2006, fue detenido en junio de 2011 acusado de peculado y abuso de autoridad. Pasó 526 días en prisión y posteriormente permaneció en arresto domiciliario hasta su liberación en noviembre de 2012.
Humberto Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila en 2005 por el PRI, fue detenido en enero de 2016 en España por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Salió libre una semana después y la Audiencia Nacional archivó el caso en mayo del mismo año.
Roberto Borges, ex gobernador de Quintana Roo, se encuentra preso en Morelos, acusado de delitos relacionados con la función pública, cometidos siendo gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016.
Rosario Robles, acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5.073 millones de pesos, unos US$263 millones, fue detenida en agosto de 2019 pero de 2023, fue absuelta de estos cargos, argumentando que los hechos cuestionados deberían considerarse como faltas administrativas y no como delitos penales. Robles fue la Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta el 2000.
