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Apenas 6 % de los aportes privados permitidos por el INE provino de militantes, y de 5.4 millones de afiliados en los principales partidos –Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- En 2024, apenas 6 % de los aportes privados permitidos por el INE provino de militantes, y de 5.4 millones de afiliados en los principales partidos –Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT– solo mil personas pagaron cuotas. Es decir, ni el 1 % de la militancia abrió la cartera, según los registros oficiales.
Este déficit revela una dependencia casi total del financiamiento público. De acuerdo con los informes anuales de origen y destino de recursos entregados al INE, las contribuciones internas son tan bajas que ni siquiera alcanzan para sostener la estructura burocrática de los partidos.
Para el exconsejero Marco Antonio Baños, esta falta de aportaciones expone una crisis de representación: el desencanto ciudadano hacia los institutos políticos se refleja también en la renuencia a cumplir con obligaciones económicas básicas.
Aunque el límite legal para aportaciones privadas de militantes era de 132 millones 195 mil pesos por partido, ningún instituto se acercó. El PAN, el que más recabó, reunió solo 16.6 millones. En el PRI y Morena, las cifras también quedaron muy por debajo del tope.
En términos individuales, el PRI, con 1.4 millones de afiliados, recibió aportaciones de apenas 664 militantes. En el PAN, solo 297 de sus más de 277 mil miembros donaron. El caso más extremo es Morena: de 2.3 millones de inscritos, únicamente ocho personas hicieron aportaciones voluntarias, entre ellas Andrés Manuel López Obrador, con 365 pesos, y Claudia Sheinbaum, con 1,825 pesos.
Aunque la ley permite recibir cuotas, donaciones y autofinanciamiento, los partidos suelen ser laxos. Según Baños, existe una política “complaciente”: exigir cuotas podría provocar una fuga masiva de militantes, indispensable para sostener el padrón y, con él, el registro ante el INE.
La baja participación económica de las bases deja en evidencia la fragilidad financiera privada de los partidos, justo cuando se discuten reformas que podrían reducir su financiamiento público.
