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Por Juan R. Hernández
El Congreso de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) formalizaron un convenio de colaboración con el propósito de impulsar proyectos académicos, talleres de capacitación y actividades de extensión universitaria orientadas al fortalecimiento institucional y al aprendizaje continuo.
Durante la firma, el diputado Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, destacó que el acuerdo busca fortalecer la educación como pilar del desarrollo humano y motor del progreso. Subrayó que la UACM se ha consolidado como un espacio de pensamiento crítico, inclusión y compromiso social.
Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo señaló que este convenio refleja una visión educativa centrada en el acceso y la equidad, donde la educación es un derecho y no un privilegio. Consideró que el acuerdo permitirá que trabajadores del Congreso local puedan continuar su formación profesional en la UACM, ampliando las oportunidades de desarrollo académico y laboral.
El legislador Manuel Talayero, del PVEM, coincidió en la importancia del acercamiento entre el ámbito legislativo y la academia, al tiempo que reconoció a la UACM como una aliada en la promoción de una educación pública y humanista.
En otro frente, la diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, exhortó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al Instituto de Planeación a reponer el procedimiento legal del Plan General de Desarrollo, al señalar que fue publicado sin cumplir con etapas esenciales.
Acompañada por el coordinador del PAN, Andrés Atayde, y legisladores de su bancada, Garza advirtió que el proceso omitió la aprobación previa de la Junta de Gobierno del Instituto, así como el periodo de difusión necesario para garantizar la consulta pública.
Ambos temas —el fortalecimiento educativo y la correcta planeación institucional— reflejan un punto común: la necesidad de respetar los marcos legales y administrativos que sustentan el desarrollo de la ciudad. Solo desde la cooperación y la legalidad pueden consolidarse políticas públicas efectivas y sostenibles.
