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Habitantes de Santa Catarina del Monte detuvieron cuatro camiones cargados con madera que, aseguraron, provenía de tala ilegal en el Monte Tláloc de la localidad
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El jueves, en el municipio de Texcoco, el repique de la campana interrumpió la calma de la comunidad Santa Catarina del Monte. No fue un llamado religioso, sino una señal de alerta: cuatro camiones descendían del Monte Tláloc cargados con troncos recién cortados.
En minutos, decenas de vecinos se concentraron en el camino para bloquear su paso. La escena reflejó, una vez más, cómo las comunidades texcocanas han asumido la defensa de sus bosques ante la omisión de las autoridades locales.
Los pobladores impidieron el avance de los vehículos y exigieron explicaciones. Horas después, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez declaró que las labores correspondían a una “poda sanitaria” avalada por Probosque y la Secretaría del Campo (Sedagro).
Sin embargo, su versión fue recibida con desconfianza. Los habitantes señalaron inconsistencias en el procedimiento y acusaron al comisariado ejidal de actuar con total opacidad.
“Si todo era legal, ¿por qué lo hicieron a escondidas? Nadie nos consultó y el bosque no se toca sin el consentimiento de la comunidad”, reclamó María Hernández, vecina del barrio La Palma.
La madera quedó bajo resguardo vecinal en la explanada principal. Para los habitantes, los troncos no son solo evidencia del daño ambiental, sino el símbolo de una larga cadena de abusos. “No es la primera vez que pasa. Cada año bajan camiones y nadie los detiene. Esta vez dijimos: basta”, señaló un integrante del comité comunitario.
La comunidad convocó a una asamblea general para este domingo, en la que decidirán si permitirán la continuidad de las podas o exigirán la suspensión total de toda actividad forestal en la zona. “Esta reunión no es solo para defender el bosque, sino nuestra dignidad”, comentó otro habitante.
El caso expuso una realidad preocupante: en Texcoco, son las familias rurales quienes han asumido el papel que el Ayuntamiento ha dejado de cumplir. La falta de vigilancia, los permisos dudosos y la ausencia de comunicación han convertido la defensa del bosque en una tarea ciudadana.
