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El municipio gobernado por Montoya enfrenta una ola de delitos que mantiene a comerciantes y transportistas bajo amenaza constante de ser robados o violentados
MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
El municipio de Naucalpan, encabezado por el edil Isaac Montoya enfrenta una de las mayores incidencias por extorsión en el Estado de México, así lo sostienen analistas de política social.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, durante la última semana de diciembre de 2024 se registraron 37 denuncias de este delito, y el fenómeno se ha mantenido durante 2025 pese a operativos policiales y campañas de prevención.
Comerciantes y transportistas de colonias como San Rafael Chamapa, Lomas Verdes y El Molinito han reportado el llamado “cobro de piso” y amenazas por parte de grupos delictivos que operan de forma constante en zonas comerciales y paradas de transporte.
Los afectados señalan que, en algunos casos, los agresores se identifican como integrantes de grupos criminales, mientras que otros utilizan uniformes o vehículos con emblemas policiales para intimidar.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México “ha logrado varias sentencias relevantes”. En octubre pasado, un exsubdirector de Seguridad Ciudadana, Omar Leyva Montalvo, fue condenado a 40 años de prisión por extorsión y vínculos con la delincuencia. En otro caso, un ciudadano fue sentenciado a 26 años por exigir dinero a comerciantes bajo amenazas de daño.
Sin embargo, las autoridades reconocen que la extorsión continúa siendo un problema estructural. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025 del INEGI ubicó a Naucalpan entre los municipios mexiquenses con mayor percepción de inseguridad y con 44.9 % de hogares afectados por delitos como robo, fraude o extorsión.
La actual administración municipal “mantiene coordinación con la Fiscalía estatal para combatir el delito, aunque persisten denuncias por presunta participación de servidores públicos en actos de corrupción”. Al respecto, la ciudadanía demanda controles más estrictos y presencia constante de seguridad para evitar que el miedo siga afectando la actividad económica local.
