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Este lunes, miles de automovilistas quedaron varados por bloqueos en tres autopistas estatales, esto tras la desaparición de su dirigente Fernando Galindo
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Estado de México amaneció esta semana colapsado. Desde las primeras horas del lunes, cientos de transportistas bloquearon de manera simultánea el Arco Norte, la autopista México–Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense. Exigían una sola cosa: la aparición con vida de su líder, Fernando Galindo Salvador, de 69 años, secuestrado el pasado 30 de octubre en Jilotepec.
La protesta fue tan contundente como desesperada los manifestantes aseguraron que la única forma de ser escuchados era deteniendo el tránsito en todo el centro del país.
En el kilómetro 50 del Arco Norte, las unidades de carga, taxis y pipas se alinearon en ambos sentidos, generando un bloqueo total. En Tepotzotlán, los inconformes levantaron las plumas de la caseta para liberar el paso a los automovilistas, aunque alternaban cierres intermitentes para mantener presión.
A las dos de la tarde, el tráfico seguía paralizado, y los manifestantes insistían en que no se retirarían hasta recibir noticias concretas sobre el paradero de su dirigente.
Los transportistas narraron que Galindo fue interceptado por tres hombres armados cuando regresaba a su domicilio en San Lorenzo Octeyuco. Desde entonces, no hay rastro de él ni avances oficiales en la investigación.
“Nadie nos da respuesta. Llevamos días buscando por cuenta propia. Si no nos movemos, nos dejan solos”, lamentó un chofer de la zona. Su testimonio refleja el hartazgo de un gremio que se siente abandonado por las autoridades.
A lo largo de los bloqueos, las consignas se centraron en dos reclamos: seguridad y justicia. En pancartas improvisadas se leía “Nos matan por trabajar” y “Ni uno más secuestrado”.
Los inconformes aseguraron que, en municipios como Jilotepec, Chapa de Mota y Soyaniquilpan, grupos delictivos identificados como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación exigen pagos mensuales de entre 300 y 500 pesos por permitirles operar sin violencia.
