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Por Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
MEJORAS EN CONDICIONES DE VIAJE
El transporte público siempre ha sido termómetro social de la Ciudad de México.
Por eso, el reciente ajuste de 1.50 en la tarifa refleja el delicado equilibrio entre justicia económica y movilidad sustentable.
Nadie quiere pagar más, pero nadie puede negar que mantener tarifas congeladas durante años, sin considerar el costo de combustible o la inflación, termina por quebrar el sistema. En el fondo, la medida busca evitar el deterioro del transporte público concesionado.
Con 17 mil vehículos que mueven a millones de personas cada día, el sistema estaba arrinconado por los costos operativos y el rezago en el mantenimiento. El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, lo explicó: el ajuste permitirá mejorar las condiciones de viaje, sin representar una carga insostenible. El aumento equivale, en promedio, entre 30 y 45 pesos al mes.
La lógica detrás tiene sustento. Durante casi una década, la tarifa se mantuvo fija. El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, tomó una decisión racional. El secretario de Gobierno, César Cravioto, reveló que hubo varios meses de diálogo con los transportistas y una negociación con el bolsillo de la gente al centro.
En paralelo, se observó con atención lo ocurrido en el Estado de México, donde el incremento fue de dos pesos, una presión evidente para la capital. En contraste, la CDMX mantiene el transporte más accesible del país. En Aguascalientes, el costo es de 10.50, en León de 12, por mencionar dos ejemplos.
El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, lo enmarcó dentro de una visión más amplia: la política de movilidad no se reduce a precios, sino a la búsqueda de un mejor transporte público.
La legitimidad de esta medida se jugará en la calle, en asientos limpios, paradas seguras, puntualidad de los trayectos. Los capitalinos no están en contra del pago justo, sino del pago inútil.
Transporte y bolsillo pueden entenderse.
