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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
DERECHOS FUNDAMENTALES
Una noticia de primera plana ha sido la supuesta detención del conocido empresario y doctor en Derecho, Simón Levy, quien cuenta con un respetable historial político. Según diversas versiones, se le imputan presuntos delitos en materia ambiental, además de amenazas e incluso un posible fraude. No obstante, partamos de la base de que le asiste la presunción de inocencia, principio fundamental del Estado de Derecho.
Lo que ha generado controversia es la incertidumbre sobre su paradero: algunos medios aseguran que se encuentra detenido en Portugal, mientras otros sostienen que permanece en Washington, Estados Unidos. Al final de cuentas, este detalle resulta irrelevante frente al verdadero punto de interés: el hecho de que el abogado de la parte acusadora ya lo señala como culpable de delitos graves, olvidando, como jurista que es, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
También resulta inusual que dicho abogado se encuentre en el mismo lugar donde presuntamente está recluido, lo cual sugiere una participación activa en la persecución del empresario, tarea que corresponde únicamente a las autoridades competentes y no a los particulares.
Conozco al Doctor Simón Levy, desde hace muchos años, por lo menos tres décadas. Lo recuerdo como un alumno destacado, de carácter intenso, con ideas firmes y opiniones siempre sólidas y respetables. Tengo entendido que más tarde incursionó en la política, donde igualmente mantuvo puntos de vista legítimos, radicales y valientes.
Sabemos que la política en México puede ser sumamente cruel, y aunque el asunto en el que hoy se ve involucrado pudiera parecer ajeno a ese ámbito, es indispensable que se actúe con absoluta imparcialidad. Se debe analizar a fondo su comportamiento ante la ley, bajo el principio de que todo mexicano merece la protección de nuestro sistema jurídico.
Resulta inaceptable afirmar la culpabilidad de una persona sin que exista prueba plena en su contra. Quienes incurran en tales afirmaciones deben ser sancionados por conductas difamatorias e incluso, en su caso, por figuras de orden penal.
El Doctor Simón Levy merece, como cualquier ciudadano, la protección de la ley y el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.
