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El caso de la mujer otomí de Temoaya sentenciada a 50 años de prisión por secuestro tras exigir pensión alimenticia para sus hijos expone la discriminación judicial
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El viernes se llevaron a cabo manifestaciones y protestas para exigir justicia para María Guadalupe, una mujer otomí originaria del municipio de Temoaya, que fue condenada a cincuenta años de prisión por el delito de secuestro, en un proceso judicial que ella y su defensa califican como plagado de irregularidades.
La sentencia, dictada en los Juzgados de Almoloya de Juárez, ha desatado indignación entre habitantes y organizaciones que acompañan su causa, quienes aseguran que se trata de un caso de criminalización contra una mujer indígena que solo buscaba ejercer sus derechos.
Antes de conocer la resolución, Lupita (como la llaman en su comunidad) se presentó al tribunal acompañada de familiares y vecinos.
Con voz firme, declaró: “El Estado me ha castigado por pedir justicia para mis hijos. No me rendiré; soy inocente y voy a demostrarlo”.
Su caso, sostienen sus abogados, evidencia una serie de fallas estructurales en la impartición de justicia: nunca contó con un intérprete que tradujera su lengua materna, no se aplicó perspectiva de género y las pruebas a su favor fueron desechadas sin justificación.
El conflicto comenzó en 2021, cuando la mujer interpuso una demanda de pensión alimenticia contra su esposo. Meses después, fue señalada en tres procesos distintos: abuso sexual, tentativa de feminicidio y finalmente secuestro.
Aunque fue absuelta de los dos primeros, el último caso avanzó hasta derivar en la condena actual. “Mi único delito fue exigir que el padre de mis hijos cumpliera con su responsabilidad”, afirma Lupita, quien actualmente cumple la medida cautelar en su domicilio con un brazalete electrónico, mientras se tramita la apelación.
La noticia ha cimbrado a la comunidad otomí de Llano de Y, donde vecinos y familiares han expresado su respaldo incondicional. Doña Petra, una de las mujeres más antiguas del pueblo, lamenta: “Es una vergüenza lo que hicieron. La justicia no la escuchó por ser indígena y por no tener dinero. A cualquiera de nosotras nos puede pasar lo mismo”.
