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Se aseguraron más de 322 pipas y se clausuraron 189 puntos de extracción clandestina controlados por supuestos sindicatos y organizaciones transportistas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En un golpe inédito contra el saqueo de recursos hídricos, autoridades federales y estatales desplegaron este viernes la denominada “Operación Caudal”, que permitió intervenir de manera simultánea 189 puntos de extracción ilegal en 48 municipios del Estado de México.
El operativo, coordinado entre la Secretaría de Seguridad estatal, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), culminó con el aseguramiento de más de 322 pipas dedicadas a la distribución clandestina del líquido.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, la red operaba con un esquema similar al del “huachicol”, pero del agua.
Las organizaciones perforaban tomas ilegales en ductos y pozos municipales, llenaban pipas y revendían el recurso a precios que duplicaban los oficiales. “Estamos ante una estructura delictiva que lucraba con la necesidad de miles de familias”, afirmó el funcionario.
Las investigaciones revelaron que detrás del saqueo se encuentran agrupaciones con fachada sindical, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), así como los grupos conocidos como Los 300, Libertad, 25 de Marzo y Chokiza.
Estas células controlaban la extracción, el acaparamiento y la distribución del agua en amplias zonas del oriente y valle de México, generando desabasto y corrupción a gran escala.
Los municipios más afectados por esta red fueron Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco, donde el robo sistemático redujo significativamente el suministro regular. En cada punto intervenido se levantaron carpetas de investigación y se aseguraron vehículos, bombas, mangueras y sistemas de almacenamiento.
La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) implementó un plan de contingencia para garantizar que la intervención no afecte el suministro a la población.
Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán para fincar responsabilidades penales y administrativas a los operadores de esta red, que por años se benefició del descontrol institucional y de la urgencia de miles de familias por acceder al agua potable.
