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Usuarios acusan cobros excesivos en rutas del Valle de Toluca y exigen a la Secretaría de Movilidad aclarar la supuesta autorización que permitió el incremento
REDACCIÓN
El repentino incremento en las tarifas del transporte público volvió a desatar inconformidad en el Valle de Toluca. Tras el “tarifazo” decretado por la Secretaría de Movilidad, los operadores aprovecharon la medida para imponer aumentos discrecionales, afectando directamente a miles de usuarios.
Desde la semana pasada, pasajeros de taxis colectivos reportan alzas de dos a cinco pesos en diversas rutas que conectan municipios como Metepec, Lerma, Tenango del Valle, Calimaya, Temoaya y Toluca, donde los choferes aseguran tener autorización oficial, aunque ninguna dependencia ha confirmado públicamente los nuevos precios.
En la ruta Toluca–Tenango, el pasaje pasó de 12 a 14 pesos, mientras que en trayectos hacia el norte de la capital, como San Pablo Autopan o Cacalomacán, la tarifa subió de 22 a 25 pesos, golpeando el bolsillo de trabajadores, estudiantes y amas de casa que dependen de este servicio para trasladarse a sus centros laborales o escuelas.
La molestia se ha extendido a zonas como Lerma y Amomolulco, donde las unidades aplican diferentes aumentos según la base, sin exhibir tabuladores visibles.
Aunque la Gaceta de Gobierno del 10 de octubre menciona ajustes para el transporte colectivo y mixto, con tarifas mínimas de 11 pesos en municipios del sur, los usuarios denuncian que los conductores imponen los aumentos sin respetar límites ni lineamientos oficiales.
“Cada quien cobra lo que quiere. Si reclamas, te dicen que ya está autorizado por Movilidad, pero nadie muestra el documento. Nos enteramos del alza cuando ya estamos arriba de la unidad”, lamentó doña Carmen Ruiz, usuaria frecuente de la ruta Toluca–Metepec.
La confusión también alcanza a los propios operadores, quienes aseguran recibir instrucciones verbales de sus líderes, sin lineamientos escritos. En medio de la incertidumbre, la Secretaría de Movilidad no ha emitido un comunicado que confirme los incrementos ni explique los criterios aplicados, lo que ha alimentado la percepción de arbitrariedad y desorganización institucional.
