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Por Juan R. Hernández
En un país donde la violencia cotidiana se ha normalizado y la impunidad se ha vuelto paisaje, pensar en la protección de niñas, niños y adolescentes no debería ser una aspiración, sino una obligación del Estado. Por eso resulta trascendente la iniciativa presentada por el diputado Pedro Haces Lago, quien propone que todos los delitos cometidos contra personas menores de 18 años sean perseguidos de oficio, sin depender de denuncias familiares o de la voluntad del agresor.
La propuesta parte de una premisa sencilla pero contundente: la niñez no puede esperar a que alguien decida defenderla. La ley, tal como está, deja a miles de menores atrapados en un círculo de silencio y miedo, especialmente cuando la violencia proviene del propio entorno familiar. Y es ahí donde el Estado, como garante de los derechos humanos, debe intervenir con decisión.
Haces Lago lo resume con claridad: “La política criminal moderna no puede limitarse a castigar; debe prevenir, proteger y transformar”. Esta visión rompe con la vieja idea punitiva que llega tarde, cuando el daño ya está hecho. Se trata de construir una justicia activa, empática, que honre la razón de ser del Estado: cuidar a los más vulnerables.
El legislador recuerda que no hay proyecto político ni institucional válido si no se coloca a la infancia en el centro de las decisiones públicas. Y tiene razón. Mientras el debate político se pierde entre bloqueos, marchas o pugnas partidistas, miles de niños siguen creciendo en hogares inseguros, escuelas indiferentes y comunidades donde la violencia es la única autoridad.
Proteger a la niñez es, quizá, el mayor acto de justicia social. No hacerlo es perpetuar la deuda más grande que este país arrastra con su futuro.
