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Críticas contra la 4T adquieren dimensión política tras revelaciones sobre contratos millonarios a periodistas durante el gobierno de Peña Nieto
JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El productor y periodista Epigmenio Ibarra reavivó uno de los temas más incómodos para la élite mediática mexicana al señalar que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se destinaron más de 60 mil millones de pesos para “comprar la voluntad de medios, columnistas, articulistas y presentadores de noticias”.
“Todos ellos recibieron dinero público; así se consolidó la élite periodística mexicana”, denunció en sus redes sociales al recordar que hoy muchos de esos beneficiarios se ostentan como los más férreos críticos de la Cuarta Transformación.
Las palabras de Ibarra reencendieron el debate sobre la publicidad oficial como mecanismo de control editorial. Y es que fue durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando, en 2019, se hizo pública una lista —entregada por la Presidencia al INAI— con los nombres de 36 periodistas y empresas que recibieron contratos millonarios en el sexenio peñista.
Encabezando el listado aparece Joaquín López-Dóriga, con 251 millones 482 mil pesos, distribuidos entre sus empresas Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga y Premium Digital Group. Le sigue Enrique Krauze, a través de Clío y Letras Libres, con 144 millones 80 mil 995 pesos, y Federico Arreola, de Periódico Digital Sendero, con 153 millones 578 mil 253 pesos.
Otros nombres destacados son Óscar Mario Beteta (74 millones 571 mil pesos), Beatriz Pagés (57 millones 204 mil), “Callo de Hacha” (47 millones 389 mil), Raymundo Riva Palacio (31 millones 138 mil), Ricardo Alemán (25 millones 851 mil), Adela Micha (24 millones 365 mil) y Luis Soto (23 millones 631 mil pesos). También aparecen Pablo Hiriart, Jorge Fernández Menéndez, Rafael Cardona, Roberto Rock, Francisco García Davish (Quadratín), Guillermo Ochoa, Eduardo Ruiz Healy, Animal Político y Nino Canún, entre otros.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2018 el gasto aprobado para comunicación social fue de 1,160 millones de pesos, pero el gobierno de Peña Nieto terminó erogando más de 6,373 millones, un 449% más de lo presupuestado. En palabras de la organización Fundar, la discrecionalidad fue la regla: “la publicidad oficial sirvió para premiar la cobertura favorable y castigar la crítica”.
El entonces presidente AMLO afirmó en 2019 que “se maiceaba” a comunicadores con dinero público. “No todo era chayote —dijo—, también se usaba la publicidad como forma de control político”. Por instrucción del INAI, su gobierno hizo pública la información que hoy vuelve a estar en el centro del debate.
A la luz de las revelaciones, las críticas actuales contra la 4T por parte de varios de estos comunicadores adquieren una dimensión política. Ibarra subrayó que muchos de quienes hoy acusan censura o autoritarismo “guardaron silencio cómplice” cuando los contratos fluían sin control desde Los Pinos.
