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Bajo la gestión de Michelle Núñez Ponce, la contaminación en la presa Miguel Alemán, ha alcanzado niveles críticos con más de 400 lagos artificiales irregulares
Mario López
GRUPO CANTÓN
Lo que alguna vez fue uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la entidad mexiquense, Valle de Bravo enfrenta actualmente una seria amenaza ambiental, bajo la gestión de la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce.
La presa Miguel Alemán, corazón hídrico de la localidad, sufre una contaminación creciente vinculada a descargas ilegales de aguas residuales, proliferación de organismos tóxicos y omisiones evidentes del gobierno municipal en el manejo de infraestructura sanitaria.
Estudios científicos y reportes ciudadanos coinciden en que los niveles de contaminación han alcanzado un punto crítico. Aguas residuales domésticas sin tratamiento adecuado, escurrimientos agrícolas ricos en fertilizantes y fugas del drenaje urbano han disparado la concentración de nutrientes como nitrógeno y fósforo en el lago.
Este exceso ha derivado en la proliferación de cianobacterias – microorganismos que pueden liberar toxinas peligrosas para la salud humana y la fauna acuática-, generando episodios de floraciones nocivas.
Uno de los puntos más preocupantes se encuentra en la planta de bombeo número 2 del municipio, la cual, en lugar de contener las aguas negras, ha estado filtrando descargas directamente al cuerpo de agua. A ello se suma la ineficiencia de la planta tratadora “El Arco”, incapaz de manejar el volumen de residuos que llegan diariamente.
Pero la amenaza no proviene solo de los drenajes. Un fenómeno paralelo ha comenzado a alterar el equilibrio hídrico de la región: la construcción irregular de cientos de lagos artificiales privados.
De acuerdo con cifras oficiales, existen al menos 400 de estos cuerpos de agua edificados sin los permisos correspondientes, desviando escurrimientos naturales que antes alimentaban la presa principal. Estos cambios han modificado el ciclo hidrológico local y afectan la capacidad del embalse de autorregularse.
A pesar de inspecciones federales, sanciones económicas y clausuras intermitentes a desarrollos turísticos por vertimientos ilegales, las autoridades municipales han sido omisas.
Hasta la fecha no existe un plan público de saneamiento ni reportes actualizados de calidad del agua disponibles para la ciudadanía. Mientras tanto, los riesgos aumentan.
