Visitas
Ana María Castro, presidenta municipal de la localidad, enfrenta una investigación fiscal por la presunta compra irregular de 27 hectáreas de ejido por 38.5 millones
Mario López
GRUPO CANTÓN
La presidenta municipal de Tultitlán para el periodo 2025-2027, Ana María Castro Fernández, se encuentra en el centro de una creciente polémica tras revelarse una serie de denuncias por presunta corrupción, adjudicaciones irregulares de contratos, y tráfico de influencias que involucran a su círculo más cercano, incluida su cuñada, la diputada local Elena García Martínez, según se asienta en una denuncia penal.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México abrió la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, en la que se indaga la compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales en San Francisco Chilpan por 38.5 millones de pesos, presuntamente adquiridos sin escrituras legales y a través de una asociación civil con vínculos políticos.
Además, medios locales han documentado que al menos 72.7 millones de pesos en contratos públicos fueron adjudicados mediante “procesos opacos, cuestionables o sin competencia”, lo que ha generado protestas vecinales en colonias como Fimesa y Lomas del Parque. Los ciudadanos denuncian también despojos y cobros indebidos relacionados con la regularización de predios.
A pesar de los señalamientos, la administración municipal ha evitado pronunciarse públicamente, mientras el descontento social crece ante lo que vecinos califican como una “gobernanza cerrada y favorecedora de intereses familiares”.
La falta de transparencia y la aparente impunidad han encendido las alarmas entre organismos civiles, que exigen una auditoría independiente y sanciones ejemplares si se comprueban las irregularidades.
Cabe destacar que el caso también ha tomado un tinte político, ya que tanto Ana María Castro como Elena García pertenecen al mismo grupo político que ha gobernado el municipio por más de una década.
Este vínculo ha encendido el debate sobre el uso de cargos públicos como plataforma para perpetuar intereses personales, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y ampliando la brecha entre gobierno y sociedad.
A ese mismo grupo pertenece también el diputado local Maurilio Ruiz, quien ha buscado ser presidente municipal y anteriormente se desempeñó como secretario del Ayuntamiento durante un periodo de la exalcaldesa Elena García.
Su cercanía política y administrativa con la actual red de poder en Tultitlán ha sido señalada por actores de oposición como parte de una estructura que ha operado con poca rendición de cuentas y fuerte concentración de decisiones clave “en un grupo cerrado de aliados”, que consideran al gobierno de Tultitlán como “un negocio redituable heredado”, coinciden vecinos y líderes sociales en la localidad.
