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- Denunciaron los Gasolineros del sureste una red de extorsión
- Definirá audiencia intermedia la acusación contra exjefe policiaco
- No descarta la FGR investigar a exfuncionarios estatales
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La detención de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, destapó una red de extorsión y vínculos con el crimen organizado que operó en el sureste mexicano. Según la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones iniciadas en 2024 tras denuncias de gasolineros confirmaron que mandos policiales exigían cuotas mensuales a cambio de “protección”.
El fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que existen “vínculos muy claros” entre Bermúdez y La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sureste. Informes ministeriales señalan que el exfuncionario habría autorizado ejecuciones extrajudiciales y disposición de cuerpos en coordinación con células del CJNG.
La investigación avanzó gracias a dos exfuncionarios cercanos: uno enfrenta proceso federal y otro se acogió a un criterio de oportunidad, aportando información clave para acreditar los delitos de delincuencia organizada y extorsión.
Tras abandonar el país, Bermúdez fue ubicado en Paraguay y detenido mediante labores de inteligencia entre la SSPC e Interpol. El gobierno paraguayo autorizó su expulsión y, al llegar a México, fue trasladado al penal de El Altiplano.
Durante la conferencia presidencial, Gertz Manero confirmó que Bermúdez interpuso un amparo, pero advirtió que “no le va a servir de nada”. Subrayó que el caso seguirá ante un juez federal y que la audiencia intermedia será clave para robustecer la acusación.
El fiscal no descartó que las indagatorias alcancen a otros excolaboradores del gobierno tabasqueño, al considerar que la estructura criminal se consolidó entre 2019 y 2021 “desde el aparato estatal”.
Adán Augusto en el ojo del huracán
Aunque no ha sido señalado formalmente, la FGR mantiene abiertas líneas de investigación sobre el manejo de la seguridad en Tabasco durante la gestión de López Hernández. El exgobernador ha negado vínculos con Bermúdez más allá del nombramiento institucional y calificó las acusaciones como “una estrategia para dañar su imagen”.
Documentos judiciales y testimonios apuntan a que Bermúdez operaba con respaldo desde la Secretaría de Seguridad, sin controles efectivos del Ejecutivo estatal.
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