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Denuncian corrupción inmobiliaria en Puebla

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Acusan a titular del Registro Público, Helga Ramírez, de manipular información, así como hostigamiento hacia el personal; en el último año se han ingresado cientos de quejas por las irregularidades

Omar Montalvo

Ciudad de México. – Uno de los compromisos que ha declarado tener el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, es que bajo su gestión 2024-2030 no habrá corrupción, pero una exfuncionaria del Instituto Registral Público y Catastral del Estado (IRCEP), denunció que la titular Helga Mariana Ramírez, promueve una red dónde manipula la información y promueve el cobro ilegal para realizar “agilizar” trámites.

Ángela Leal era registradora pública del IRCEP y presentó ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) estatal una denuncia por la red ilegal entre personal encargado de los trámites en el municipio de Atlixco para hacer cobros de hasta 100 mil pesos. Tras reportar la situación fue cesada de su puesto.

En la denuncia, señaló que las irregularidades involucran desde analistas, registradores y directores. En esta red, los analistas deben pasar cuota a los jefes y son encargados de manipular documentos, aunque no cuenten con sellos oficiales. La situación es conocida al menos por los ciudadanos quiénes le reportaron a Leal Morales, cobros de mil a dos mil pesos por agilizar trámites relacionaos el Infonavit, mientras que de 70 mil a 100 mil pesos para evitar impuestos de ISR o ISABI a trámites como contratos privados, cancelación de hipotecas sin documentos, escrituras de compra-venta falsas o juicios de usucapión.

Durante el último año, los ciudadanos han reportado estas situaciones con más frecuencia de manera que el gobernador Armenta Mier ha tenido que reconocer la corrupción que existe dentro del IRCEP. De acuerdo con la SAyBG en la primera mitad del 2025 se iniciaron 471 expedientes contra servidores públicos del IRCEP por presunta corrupción, pero las consecuencias apenas llegaron al 10 por ciento de involucrados, dónde 49 fueron sancionados, dos destituidos, 28 inhabilitados, cuatro vinculaciones a proceso, además de una amonestación privada y una pública.

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