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Las empresas dejan grandes institutos y acuerdan los contratos con hospitales o a través de empresas hermanas mantienen acuerdos comerciales mientras cumplen inhabilitaciones
Omar Montalvo
Ciudad de México. – En los últimos años las autoridades federales emprendieron el combate a la corrupción entre las instituciones de salud y empresas farmacéuticas que conseguían contratos entre irregularidades, pero algunas han burlado las sanciones administrativas, ya sea con juicios, empresas hermanas y sin respetar las sanciones.
Uno de los casos más recientes corresponde a la empresa Randall Laboratories, que en 2020 Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) detectó irregularidades y en 2021 ordenó su inhabilitación. Pero a través de un juicio el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), este mes de septiembre se le revocó la sanción y ahora tiene derecho a ser contratada por instituciones públicas.
Su historial en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), indica que sus últimos contratos corresponden a 2020, cuando realizó dos contratos, uno por 1.5 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la entrega de bienes terapéuticos; y 11.3 millones de pesos comprometidos en medicamentos e insumos para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
De la misma lista de empresas por incumplimientos de contratos al ISSSTE, la Secretaría de la Función Pública (SFP) en diciembre de 2020 ordenó la inhabilitación de la farmacéutica Ragar. La PNT indica que es una de las compañías más contratadas ya que entre 2024 y este 2025 ha logró concretar acuerdos comerciales, la mayoría por adjudicación directa. En 2024 insistió en ser considerada en consultas de las instituciones públicas para posibles contrataciones y logró un contrato por 13.3 millones de pesos con el ISSSTE para la entrega de medicamentos, además de otros seis por el mismo concepto, pero en montos menores a 30 mil pesos con hospitales regionales. Este 2025 hay un rastro de 12 contratos, pero ninguno excede los 60 mil pesos.
La proveedora de equipo médico B. Braun Aesculap también fue inhabilitada, pero el consorcio B. Braun Medical siguió con las tareas de suministro de insumos médicos, principalmente con el IMSS, IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex) y hospitales regionales. Este año los montos comprometidos fueron desde 80 mil pesos con el Hospital Juárez de México hasta 43.9 millones de pesos con Pemex.
En tanto una de las compañías farmacéuticas inhabilitadas desde abril es Biomics Lab Mexico S.A. de C.V., dónde sus últimos contratos con instituciones públicas fueron tres en el mismo mes de su sanción, dos con la Secretaría del Bienestar por 8.6 y 41.7 millones de pesos en insumos médicos, además de un tercer acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN) por 1.2 millones de pesos en la realización de pruebas de laboratorio.
