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Familias exponen que el crimen organizado impone cuotas a comerciantes en varias comunidades del municipio, mientras la alcaldesa Elva Barrera no reacciona
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Hueypoxtla atraviesa una de las peores crisis de inseguridad en los últimos años. Vecinos y comerciantes de localidades como Santa María Ajoloapan, Jilotzingo y Zacacalco aseguran que el crimen organizado se ha instalado en la vida cotidiana del municipio, cobrando “derecho de piso” a quienes buscan ganarse la vida de manera honesta.
De acuerdo con denuncias anónimas los pagos se realizan de forma quincenal bajo la amenaza de sufrir agresiones, robos o ataques a los negocios en caso de no cumplir.
“Pagamos porque tenemos miedo, pero ni siquiera eso garantiza que nos dejen trabajar tranquilos. Estamos solos, sin respaldo de la policía ni del gobierno municipal”, expresó un locatario que prefirió guardar el anonimato.
Este testimonio refleja la zozobra que viven decenas de familias, quienes aseguran que no existe una estrategia clara para devolverles la tranquilidad.
La indignación de los pobladores también se dirige hacia la presidenta municipal, Rosa Elva Barrera Flores. Afirman que, en lugar de priorizar la seguridad y la atención a servicios básicos, ha destinado millones de pesos a la construcción de una tirolesa y un puente colgante en la presa Luis Espinoza de los Monteros.
Proyectos que, además de carecer de estudios claros de rentabilidad, han despertado sospechas de que podrían ser una fachada para desvío de recursos o un plan para apropiarse de predios ejidales.
“Es una burla. Trajeron al Ejército, pero la violencia sigue igual. Mientras tanto, la alcaldesa gasta en ocurrencias turísticas que no sirven para nada. Nosotros seguimos viviendo con miedo”, lamentó Teresa García, vecina de la cabecera municipal.
La situación ha polarizado a la comunidad. Ejidatarios cuestionan la falta de transparencia en las obras y vecinos aseguran que las inversiones no corresponden a las necesidades urgentes de Hueypoxtla, donde la inseguridad, la precariedad en los servicios médicos y la falta de empleo son los principales reclamos.
El malestar social aumenta con cada semana que pasa. Los habitantes exigen una auditoría a los proyectos turísticos y una estrategia inmediata de seguridad que devuelva la confianza perdida. “No queremos más promesas ni pretextos. Queremos que nos devuelvan la paz”, subrayó un poblador consternado.
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