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* Penalidad depende de delitos imputados en la solicitud de extradición
* Recibiría un amparo si se violan derechos en el proceso penal
* La Barredora encubría extorsión y narcotráfico
Por Juan R. Hernández
Grupo Cantón
Ciudad de México.- La penalidad que podría alcanzar Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización delictiva “La Barredora”, dependerá de los delitos que se le imputen formalmente en México tras su extradición. Según la especialista en amparo penal y activista en derechos humanos, Mina Moreno, la condena podría superar los 50 años de prisión si se le atribuyen delitos graves como trata de personas, homicidio o ejecución extrajudicial.
Explicó en entrevista con Diario Basta que “la penalidad depende de la imputación específica. Si se trata de delitos fiscales, la condena sería mucho menor. Pero si se le acusa de delitos graves vinculados al crimen organizado, como secuestro o trata, la pena puede alcanzar el máximo permitido por la legislación mexicana”.
Advirtió que los delitos incluidos en la solicitud de extradición son determinantes, ya que los tratados internacionales establecen que una persona solo puede ser juzgada por los cargos expresamente señalados en dicha petición. “Si se le procesa por delitos distintos, se corre el riesgo de que obtenga una sentencia absolutoria, incluso vía amparo, por violación al principio de especialidad”, subrayó.
Hasta ahora, el gobierno federal no ha detallado públicamente los delitos que sustentan la orden de captura ni la alerta internacional contra Bermúdez Requena, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgo de liberación por fallas procesales. Moreno recordó que México no contempla la pena de muerte, por lo que 50 años es el máximo aplicable en casos graves.
Historia de La Barredora
Lo que inició como una red de policías estatales se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas del sureste mexicano. “La Barredora” encubría delitos de extorsión, narcotráfico, huachicoleo, trata y corrupción institucional.
Surgió entre 2016 y 2018 en Tabasco como un supuesto cuerpo élite para “limpiar el estado”, y luego operó como brazo armado del CJNG antes de independizarse.
Entre 2019 y 2024 se le vincula con más de 80 ejecuciones, decenas de secuestros y cientos de casos de cobro de piso. Sus líderes fueron Bermúdez Requena (“El Abuelo”), Ulises Pinto Madera (“El Mamado”) y Carlos Tomás Díaz Rodríguez (“Tomasín”).
La presión federal y las pugnas internas fragmentaron al grupo en tres facciones, algunas con presencia en Chiapas. La caída de sus cabecillas evidenció la delgada línea entre seguridad pública y crimen organizado.
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