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La entidad mexiquense enfrenta una crisis por la operación de estaciones clandestinas de gas LP, vinculadas, se presume al crimen y al robo de ductos
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Estado de México enfrenta una crisis silenciosa pero explosiva: la proliferación de gaseras irregulares, muchas vinculadas al robo y distribución clandestina de gas LP, conocido como huachigas. Según investigaciones recientes, al menos 619 estaciones ilegales operan en la entidad, abastecidas por el crimen organizado con combustible extraído de ductos de Pemex y empresas privadas.
Los municipios más afectados son Chalco y Ecatepec, cada uno con más de 100 estaciones clandestinas, seguidos por Chimalhuacán, con al menos 27 puntos de venta ilegales. También se reporta actividad en Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan e Ixtapaluca, donde el fenómeno se ha expandido rápidamente.
Estas gaseras operan sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin supervisión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y sin medidas mínimas de seguridad, convirtiéndose en bombas de tiempo para las comunidades. El gas se comercializa en carreteras y zonas urbanas a precios más bajos, pero sin estándares técnicos, lo que ha derivado en explosiones, fugas y riesgos permanentes.
Al momento se ha identificado al menos 10 grupos delictivos que administran estos puntos, entre ellos “Los Rodolfos”, “Los Vampis” y “La Chokiza”.
Autoridades locales han solicitado la intervención urgente de la gobernadora Delfina Gómez y del titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ante una situación que ya rebasa capacidades municipales. La corrupción también permea: inspectores de Protección Civil estatal han sido señalados por recibir sobornos para permitir la operación de estas estaciones clandestinas.
La expansión del gaschicoleo en el Edomex no solo pone en riesgo a miles de familias, sino que también golpea a 442 gaseras legales, afectando la economía formal y la seguridad energética del país.
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