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Pendiente resolución judicial sobre posible instalación irregular del Ayuntamiento de Izcalli

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Se le acusa de usurpación de funciones, ejercicio indebido y desvío, el acta de instalación fue certificada hasta seis meses después de que asumiera funciones

Redacción
Grupo Cantón

El juicio de amparo 741/2025, radicado en el Tercer Juzgado de Distrito en Naucalpan, mantiene en suspenso la legitimidad del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli.

El recurso fue promovido por un ciudadano que acusa al alcalde Daniel Serrano Palacios de usurpación de funciones públicas, ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos.

El punto central del caso radica en la ausencia de documentación que acredite la instalación legal del Ayuntamiento el 1 de enero de 2025, como lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Según la denuncia, el acta de instalación fue certificada hasta el 23 de junio, lo que implicaría que Serrano ejerció como presidente municipal durante casi seis meses sin contar con el procedimiento legal de toma de protesta.


De confirmarse esta irregularidad, el actual gobierno municipal podría ser considerado ilegítimo y fuera del marco legal, lo que abriría la puerta a implicaciones administrativas y penales.

El juzgado ha requerido formalmente el acta de instalación como prueba, pero hasta ahora el proceso se mantiene en etapa de revisión documental, sin sentencia definitiva ni sobreseimiento.

El caso se suma a un entorno de crecientes señalamientos contra Serrano, que incluyen acusaciones de nepotismo, maltrato laboral y un visible desgaste en su aprobación ciudadana. Diversos sectores políticos y sociales en Izcalli advierten que la indefinición jurídica del amparo agrava la percepción de ingobernabilidad en el municipio.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el sentido de la resolución ni sobre la posible procedencia del amparo.
Lo cierto es que, mientras el juicio de amparo 741/2025 permanezca sin resolverse, el alcalde Daniel Serrano Palacios camina en la cuerda floja, con el riesgo latente de que su administración sea declarada inválida por la justicia federal.

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