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Ocuilan enfrenta una crisis de corrupción y violencia sin precedentes con escándalos de desvíos millonarios, servicios colapsados y trabajadores sin salario
Redacción
Grupo Cantón
El municipio de Ocuilan, enclavado en la zona boscosa del sur del Estado de México, atraviesa en 2025 uno de los periodos más convulsos de su historia reciente.
Escándalos de corrupción, violencia política y un marcado abandono institucional han colocado a esta demarcación en el centro de la atención estatal.
En junio, vecinos de las 44 comunidades se manifestaron para exigir cárcel a los responsables de más de 15 obras públicas inconclusas, financiadas con 20 millones de pesos.
Se trata de módulos de policía, rehabilitación de caminos y pavimentaciones que, pese a estar presupuestadas y en algunos casos pagadas, permanecen abandonadas.
El gobierno municipal encabezado por Juan Gordillo Abundis no ha mostrado disposición para terminarlas ni para deslindar responsabilidades. Denuncias ciudadanas señalan además falta de recolección de basura, inseguridad, deterioro de servicios básicos y trabajadores sin recibir salario.
La violencia también golpeó al municipio cuando un ataque armado frente al Palacio Municipal, presuntamente atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó dos funcionarios asesinados: el primer regidor Alejo Cedillo y el secretario técnico Luis López Cedillo.
Aunque el gobierno estatal anunció un refuerzo de seguridad, habitantes reportan ausencia de presencia oficial, lo que ha aumentado la percepción de abandono y miedo.
A esta crisis se suma el presunto desvío de 15 millones de pesos por parte del exalcalde Wilfrido Pérez Segura y el tesorero Arturo Vázquez Gutiérrez, quienes habrían justificado la irregularidad en un supuesto aumento de sueldo para síndicos y regidores, no hubo denuncias al respecto.
La protesta de 300 trabajadores municipales frente al Palacio de Gobierno estatal para exigir aguinaldos y primas vacacionales exhibió la magnitud del conflicto.
Ocuilan se ha convertido en ejemplo de cómo los conflictos políticos municipales pueden escalar hasta poner en riesgo la gobernabilidad, la transparencia y la libertad de prensa, un caso que ya es retomado por organizaciones civiles que exigen reformas legales para frenar la discrecionalidad y el vacío de autoridad.
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