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Mientras Alessandra Rojo de la Vega presume reducción de delitos, datos en seguridad pública contradicen su discurso triunfalista
POR JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, concentra cifras alarmantes de violencia contra las mujeres: 3 feminicidios entre enero y julio de 2025 (50% más que en 2024), 96 denuncias por violación (3% arriba respecto al año anterior) y 1,333 carpetas por violencia familiar (un aumento del 9.8%).
De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, elaborado con base en denuncias de las Agencias del Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia capitalina, caminar por sus calles sigue siendo un riesgo cotidiano para las mujeres.
Rojo de la Vega ha hecho del feminismo la bandera central de su gestión. Desde su llegada al gobierno local impulsó iniciativas como Reacción Violeta, un sistema de respuesta inmediata ante casos de violencia de género, y los Puntos Violeta, espacios diseñados para atender y resguardar a mujeres en situación de riesgo.
En sus informes, la alcaldesa asegura que su administración logró en los primeros cinco meses de 2025 una reducción del 66% en feminicidios, así como caídas del 40% en denuncias por violación y del 10% en violencia familiar. Sin embargo, los datos oficiales contradicen esos resultados.
El contraste entre el discurso político y la realidad estadística es contundente. Mientras la alcaldía presume avances y reducciones históricas, los registros oficiales muestran que los delitos contra las mujeres en Cuauhtémoc no sólo no han disminuido, sino que persisten en niveles críticos.
En calles, parques y unidades habitacionales, vecinas coinciden en que el miedo forma parte de la rutina: salir de noche, abordar transporte público o incluso regresar caminando a casa son experiencias cargadas de incertidumbre.
Con estos números, Cuauhtémoc se mantiene como una de las alcaldías más peligrosas para las mujeres en la capital, reflejando que la lucha contra la violencia de género exige más que iniciativas simbólicas: requiere resultados verificables y una política integral de seguridad y justicia.
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