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Por Eduardo López Betancourt
Andrés Manuel López Obrador manifestó desde siempre su oposición a la corrupción. Esa postura, sin duda, le generó una gran base de seguidores. México está cansado de la inmoralidad de sus gobernantes, quienes de la noche a la mañana se convierten en millonarios en detrimento de obras sociales urgentes. Durante más de veinte años hemos visto las mismas obras inconclusas y o mal hechas, arreglos superficiales y, eso sí, abusos al por mayor. Mientras tanto, la inseguridad y la criminalidad se han apoderado del País, problemas que apenas han recibido atención.
Lamentablemente, durante el sexenio anterior salieron a la luz graves casos de corrupción, entre ellos el de SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana). Este organismo, cuya función debía ser garantizar la alimentación del pueblo, terminó convertido en un foco de escándalo. Millones de pesos quedaron en manos de unos cuantos sinvergüenzas. La pregunta obligada es: ¿cuánto se ha recuperado? ¿Qué resultados ha tenido la Fiscalía General de la República?
Hasta hoy, solo unos pocos han pisado la cárcel y la mayoría recuperó la libertad gracias a la incapacidad, o complicidad, de las autoridades. El dinero jamás se devuelve. En este tema recuerdo a Ignacio Ovalle Fernández, quien llegó a dirigir la desaparecida CONASUPO: un hombre decente e íntegro que tuvo la desgracia de rodearse de pillos al por mayor.
SEGALMEX fue sustituido por el programa “Alimentación para el Bienestar”, pero las prácticas deshonestas no desaparecieron. Se han revelado contratos falsos, uso de sociedades inexistentes, robo de identidades y fraudes de toda índole. Una verdadera vergüenza nacional. Surge entonces de nuevo el cuestionamiento: ¿por qué la autoridad no cumple con su función? Es bien sabido que el titular de la Fiscalía utiliza esa dependencia con fines personales, fabricando expedientes para presionar, chantajear o extorsionar a diversos personajes de la Nación, convirtiéndola en una de las instituciones más corruptas.
Para erradicar la corrupción se requiere una autoridad íntegra, con personal preparado, que vigile y sancione de manera firme todas las irregularidades dentro del gobierno. No se trata de casos aislados: se trata de un fenómeno constante y dramático en múltiples instituciones.
“¡Alto a la conducta vil de los servidores públicos que roban en lugar de servir al pueblo!”, reconociendo, desde luego, que existen dignas excepciones.
