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Por Ricardo Sevilla
¡Por fin! Se acabó el viejo y gangrenado Poder Judicial. Sin embargo, todavía hay pazguatos que quieren engañarse.
Y ya están llorando en los programas de radio y televisión –cada vez más mediocres– de la derecha. Dicen que fue un atentado contra la ciudadanía y tonterías semejantes.
Y a esos personajes hay que decirles que, lamentablemente, la justicia en México ha operado como un centro de poder más que como un sistema equitativo, debido a la corrupción y la falta de transparencia.
Y esa es una realidad que, pese a sus chistes y actos de magia sacadas de un sombrero, no pueden cambiar. Pero no están dispuestos a revisar los datos duros.
Durante años, la designación de ministros y jueces por parte del Presidente en turno, no fue más que una farsa democrática. ¡Una simulación!
Y es que, durante sexenios, el método de elección de jueces, ministros y magistrados, mejor conocido como “dedazo presidencial”, se dedicó a fomentar la impunidad y la corrupción.
Ese sistema, por el cual hay desinformados que sienten una absurda devoción, permitió que las élites de la judicatura actuaran de espaldas a la ciudadanía, sin rendir cuentas por sus decisiones, a pesar de los muchos casos de sentencias cuestionables y liberaciones sospechosas.
Pero tampoco están dispuestos a revisar esos casos.
Y por eso hay que decirles, en voz alta: el Poder Judicial en México ha sido una estructura de poder corrupta, opaca y completamente desconectada del pueblo.
Y, justo por eso, los grupos de poder económico y político, se obstinaban en que así continuara.
Y fue cuando se hizo la propuesta de una elección popular de juzgadores para democratizar el Poder Judicial, romper con las redes de influencia y corrupción, y devolverle el control a la ciudadanía.
Pero también torcieron la boca. Porque, como les dijera Enrique Peña Nieto: ningún chile les embona.
Pero el lunes, por fin, esa época se terminará. Llegarán los nuevos ministros y ministras que tienen el enorme compromiso de cambiar las cosas de raíz.
