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Metepec en crisis: corrupción, violencia y omisiones marcan la gestión de Fernando Flores

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Lo que alguna vez fue llamado “Pueblo Mágico” hoy enfrenta una de sus peores crisis: en 2025, el municipio acumula denuncias por corrupción, omisión y violencia

Redacción
Grupo Cantón

Durante el 2025, el municipio de Metepec ha sido escenario de múltiples denuncias por corrupción, negligencia institucional y crisis de seguridad que han puesto en entredicho la administración del alcalde Fernando Flores Fernández.

La violencia feminicida ha sido uno de los principales focos de alarma: el asesinato de Alejandra Yadira en Paseo Tollocan, expuso la omisión de las autoridades municipales, ya que la víctima había solicitado ayuda en al menos siete ocasiones para denunciar violencia de pareja sin recibir protección efectiva.

La indignación de la ciudadanía se expresó también en la protesta frente al Palacio Municipal encabezada por Michelle Gaytán, activista y directora del colectivo LibrArte, quien inició una huelga de hambre para denunciar violencia vicaria y la separación forzada de su hijo, visibilizando la falta de atención a víctimas y la indiferencia institucional hacia los derechos de las mujeres.

La crisis de seguridad en Metepec alcanzó niveles históricos en abril de 2025, con 574 carpetas de investigación por robos violentos, agresiones y asaltos a transeúntes, lo que representa una tasa de delitos de 880.44 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del Estado de México.

La reacción oficial ha sido minimizadora: el alcalde Flores calificó los hechos como “inusuales y extraordinarios”, declaraciones que generaron indignación entre colectivos feministas y ciudadanos que exigen respuestas concretas y efectivas.

Lo que alguna vez fue considerado un “Pueblo Mágico” ahora enfrenta una crisis de legitimidad marcada por denuncias por corrupción, omisión en casos de violencia de género y el repunte delictivo.

Organizaciones civiles y medios locales han solicitado transparencia, justicia y una reestructuración profunda de las políticas municipales de atención a víctimas, mientras la población permanece vigilante ante cada acción de la autoridad.

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