352 lecturas
Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
Siempre he defendido el derecho de los seres humanos a vivir donde mejor les plazca. Sin embargo, en la actualidad este derecho se ha visto limitado de manera violenta, tal es el caso de la conducta genocida de Donald Trump.
Europa, en general, ha sido generosa al recibir a millones de migrantes, en particular provenientes de África y de países árabes. No obstante, es evidente que la migración, en muchos casos, se ha convertido en un abuso. Por ejemplo, en España resulta inaceptable que lleguen familias completas únicamente para vivir de la caridad pública y, por supuesto, para recibir atenciones médicas. En fechas recientes, un grupo de migrantes ocupó el aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid, obligando al Estado a otorgarles viviendas, circunstancia que muchas veces no se ofrece a los propios nacionales. Por supuesto, la indignación social crece frente a esos tratos preferenciales hacia quienes provienen de otras naciones, muchos de ellos incluso sin documentación, designados comúnmente como “sin papeles”.
Pocos refugiados logran incorporarse al mercado laboral; otros, sin más, se dedican a la mendicidad, al comercio ambulante o, en el peor de los casos, al robo y a delitos de alto impacto.
España se ha convertido en un verdadero foco de problemas derivados de la delincuencia migrante. Específicamente, personas provenientes de Sudamérica se han dedicado al hurto en aeropuertos y hoteles, siendo los celulares y equipos de cómputo sus principales objetivos. Es difícil encontrar un español que no haya sido víctima de estas bandas delictivas que actúan con aparente impunidad. La legislación, en ocasiones excesivamente garantista, protege a estos delincuentes, y lograr que uno de ellos termine en prisión constituye toda una proeza.
Urge establecer reglas claras en materia migratoria: jamás un extranjero debe convertirse en una carga para un Estado distinto al suyo, y menos aún, cuando realiza actividades ilícitas.
México no ha sido ajeno a esta problemática. En distintas ciudades se han formado verdaderos guetos de personas que poco trabajan, sobreviven de la mendicidad o participan en actividades ilícitas. El gobierno no debe ser cómplice, por razones políticas o electorales, del daño que se ocasiona a la ciudadanía.
