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Por Eduardo López Betancourt
Es necesario que el gobierno, particularmente el federal, ponga un alto a la voracidad de las empresas aseguradoras. Esa rapacidad llega a los más descarados y desvergonzados fraudes, constituyendo incluso una figura penal, pues a través de engaños obtienen un lucro indebido.
Cuando a usted le venden un seguro de cualquier tipo, jamás le dicen con claridad los alcances reales del contrato. Con las famosas “letras chiquitas” imponen limitaciones a lo que usted considera la protección debida, ya sea sobre sus bienes, su salud e incluso su vida.
Los agentes de seguros, al igual que los llamados brókers, carecen de la más mínima ética: únicamente les interesa colocar pólizas a diestra y siniestra. El problema llega cuando el asegurado pretende hacer valer la garantía o indemnización: aparecen un sinnúmero de obstáculos que derivan en largos procesos, la mayoría de ellos infructuosos, hasta que finalmente el engaño surte efecto.
De esta forma, las aseguradoras acumulan botines inconmensurables. Ha faltado una mano firme, seria y responsable que ponga freno a tantas picardías que, alrededor del tema, se vienen realizando.
Los vehículos son uno de los principales ganchos para estas empresas. Resulta verdaderamente dramático que, cuando un automóvil sufre daños, comience el viacrucis para sus propietarios. De entrada, los envían a los llamados “talleres chafas”, sitios de mala calidad donde apenas reparan y, además “medio reparan”, retienen el coche durante meses antes de devolverlo.
Si se trata de pérdida total, el negocio es aún mayor: las aseguradoras pagan lo que quieren, en plazos interminables, hasta agotar la paciencia del cliente, que carece de una defensa pronta y expedita.
A la cabeza de estas prácticas se encuentran empresas como Qualitas y GNP, donde sistemáticamente se obliga al asegurado a enfrentar trámites excesivos. Y, después de cumplirlos, debe esperar meses para recibir cantidades tan insignificantes que apenas alcanzan para comprar un vehículo más viejo y con mayor kilometraje que el que sufrió el siniestro.
Debe lograrse que el particular goce de un seguro justo, completo y universal, mediante el cual, en caso de accidente, se le entregue de inmediato un vehículo sustituto mientras se repara el suyo, o bien se le pague un monto real y justo, acorde con el verdadero valor de su automóvil.
