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Este 2025 el matrimonio Vargas-Contreras cumplen 12 años al frente del Ayuntamiento, alternando cargos y funcionarios cercanos a su círculo político
Redacción
Grupo Cantón
Huixquilucan, bastión panista en el poniente del Estado de México, se ha convertido en sinónimo de nepotismo político. Desde 2013, el municipio ha sido gobernado por el matrimonio conformado por Romina Contreras Carrasco y Enrique Vargas del Villar, quienes han tejido una red de poder que se extiende por más de una década.
En 2025, ambos cumplen 12 años al frente del Ayuntamiento, alternando cargos y reciclando funcionarios cercanos a su círculo familiar y político.
Romina Contreras asumió la presidencia municipal en 2022, tras haber presidido el DIF local durante las gestiones de su esposo. En enero de 2025, inició su segundo mandato, mientras Enrique Vargas ocupa una curul en el Senado.
La pareja ha sido señalada por mantener a los mismos operadores en puestos clave, como el tesorero Agustín Olivares Balderas, amigo íntimo de la familia y funcionario desde los tiempos de Vargas como alcalde.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectó en 2025 un manejo cuestionable de más de 98 millones de pesos en el DIF municipal durante el ejercicio 2023. La auditoría reveló erogaciones sin sustento, contratación de asesorías innecesarias, compras infladas en medicinas, uniformes y materiales de limpieza, así como falta de comprobación en entregas y retenciones fiscales.
Uno de los casos más polémicos es el de José Manuel Hernández Velasco, ratificado como subsecretario del Ayuntamiento en 2025, a pesar de haber sido señalado por liderar grupos de choque para extorsionar vecinos. Hernández ya había ocupado cargos durante la gestión de Vargas, y su permanencia ha sido denunciada públicamente por actores políticos como Enrique Garay.
La sucesión entre Vargas y Contreras ha sido calificada como nepotismo político, aunque el senador lo niega, argumentando que “el pueblo decide con su voto”. Sin embargo, la alternancia entre cónyuges, el uso de encuestas pagadas para legitimar la gestión y la falta de sanciones ante irregularidades financieras refuerzan la percepción de una estructura familiar enquistada en el poder.
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