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Por Juan R. Hernández
El relevo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) no es un asunto menor. La continuidad o el cambio en la presidencia de este órgano, actualmente en manos del magistrado Rafael Guerra Álvarez, pondrá a prueba no solo los equilibrios internos del Poder Judicial capitalino, sino también la manera en que la ciudadanía percibe su capacidad de renovarse y responder a las exigencias de justicia.
Guerra Álvarez busca reelegirse, pero no llega libre de cuestionamientos. En su intento por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diputada federal de Morena, María Teresa Ealy, lo señaló por haber permitido la liberación de agresores sexuales y por mostrar insensibilidad hacia las víctimas. “No es una acusación sin fundamento”, subrayó, evidenciando que el magistrado arrastra un historial de decisiones polémicas.
En este contexto, se le preguntó a la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo, si una mujer podría ocupar la presidencia del TSJ-CDMX. Su respuesta fue diplomática: corresponde al Poder Judicial elegir bajo sus procedimientos internos. Sin embargo, dejó claro que las mujeres demandan espacios de representación y esperan decisiones asertivas.
La pregunta no es menor: ¿por qué el Tribunal no ha tenido mayor apertura hacia perfiles femeninos en su cúspide de mando? El discurso de igualdad de género choca con estructuras judiciales rígidas y, en ocasiones, opacas.
La definición de la próxima presidencia ocurre mientras otros legisladores de Morena, como Emiliano Álvarez, enfocan sus esfuerzos en la regularización de viviendas, donde miles de familias aún carecen de servicios básicos. Mientras unos empujan agendas sociales urgentes, en el Poder Judicial se libra otra batalla: la de la legitimidad.
Porque de poco sirve hablar de justicia si quien la encabeza carga con cuestionamientos tan graves. Hoy, más que nunca, el Tribunal capitalino necesita no solo independencia, sino también credibilidad.
