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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México renovó a 26 superiores, designó nuevos titulares en nueve fiscalías regionales y siete especializadas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció una amplia reestructuración en su organigrama, con el nombramiento de 26 nuevos mandos superiores como parte de su Programa Permanente de Rotación.
Se reubicaron a más de mil 600 servidores públicos y, en algunos casos, el inicio de procesos penales contra funcionarios señalados por corrupción.
Entre los cambios más recientes destacan las designaciones en nueve fiscalías regionales: Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tecámac, Texcoco y Valle de Bravo; así como en siete fiscalías especializadas: Asuntos Especiales, Delitos Cometidos contra el Transporte, Feminicidios, Trata de Personas, Delitos Cometidos por Adolescentes, Secuestro Zona Oriente y Homicidio en el Valle de México.
El Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez, subrayó que los nuevos titulares deben ejercer con empatía hacia las víctimas y compromiso con la justicia pronta.

En este marco, cinco agentes del Ministerio Público fueron promovidos a cargos de mando superior en reconocimiento a su trayectoria en la atención de casos de alto impacto.
De manera paralela, la FGJEM formalizó la creación de la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia, cuyo objetivo es reducir los tiempos de espera y garantizar que ninguna denuncia quede sin respuesta en los centros de justicia. Publicada en la Gaceta de Gobierno bajo el acuerdo 04/2025, esta instancia contará con 221 agentes del Ministerio Público, 132 orientadores y 143 administrativos. Además, tendrá facultades para supervisar la atención en unidades móviles, áreas de justicia restaurativa, acuerdos reparatorios y el funcionamiento de plataformas digitales como SIDEVIT, el Call Center y la aplicación móvil de la Fiscalía.
El acuerdo establece que ningún servidor público podrá negarse a iniciar investigaciones de manera inmediata. En caso contrario, el Órgano Interno de Control y la Visitaduría General podrán sancionar administrativamente o incluso con procesos penales a los responsables.
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