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Las mujeres militantes de Morena son las que acumulan el 60% de situaciones en que utilizan la medida legal, principalmente en el estado de Campeche y de Veracruz
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México. – El objetivo principal de la Violencia Política por Razones de Género (VPRG) se convertido en una herramienta jurídica con el que la clase política busca la censura de ciudadanos y comunicadores, por lo que varias organizaciones han alertado sobre el mal uso a pesar de que su objetivo principal es defender el derecho de la mujer como una figura pública.
El Instituto Nacional Electoral (INE) en su Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta el 14 de agosto tenía activas a 476 sancionados por presuntamente ejercer este tipo de ataques. Del total que se encuentran el en registro, 80 tienen la clasificación de periodistas, columnistas, directores de medios de comunicación y cómo medios de comunicación, dónde el 17.85 por ciento corresponden de creadores de contenido.
La mayoría de los casos que fueron sancionados por cometer VPRG tuvieron lugar en estados gobernados por Morena como los 16 incidentes registrados en Veracruz, 15 en Campeche y 10 en Tabasco.
Además, en la opinión pública han destacado casos como el del “Dato Protegido” que hace alusión a la diputada del PT, Karina Barrera, quién acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que una ciudadana pagara una multa y se disculpara por un mes por críticas hacia su persona; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también logró que omitieran opiniones por dos años el director del periódico Tribuna; y la presidenta morenista municipal de Acapulco, Abelina López, acusó de esta violencia al creador Jesús Castañeda, por criticar el uso de recursos tras el paso del huracán Otis.
De acuerdo con la organización Artículo 19, los políticos recurren a esta figura, porque es un procedimiento que se resuelve en cuestión de horas, mientras que Reporteros Sin Fronteras, señala que hay un aumento de esta denuncia hacia comunicadores, principalmente en los últimos años como un argumento que se ha repetido para estigmatizar a la prensa.
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