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La señalada ocupa un cardo como coordinadora en la Secretaría de Salud, aunque también ha sido parte de las administraciones en Azcapotzalco y TECM
POR OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México. – Recientemente se dieron a conocer presuntas ventas de plazas en el gobierno de la Ciudad de México, por parte de una trabajadora identificada como María del Carmen Ríos, que, de acuerdo con la plataforma de nómina de servidores públicos en la capital, está adscrita a la Secretaría de Salud local.
La alerta sobre esta práctica que viola la Ley Federal del Trabajo (LFT) la hizo pública el periodista Carlos Jiménez, quien llamó a denunciar la presunta corrupción. María del Carmen Ríos Medina supuestamente pide depósitos a cambio de obtener una plaza como aviador, es decir, un funcionario que cobra, pero no asiste a trabajar. La plataforma de transparencia presupuestaria indica que el nombre de la implicada corresponde a una Coordinadora contratada por honorarios con un sueldo neto mensual de 36 mil 900 pesos.
Los servicios por la que es contratada Ríos Medina son para dar apoyo en la Coordinación de Procesos de Evaluación. Este cargo lo tiene desde el 1 de enero de 2025. De acuerdo con los contratos por honorarios disponibles, este año tuvo un cambio de área, ya que desde el cuarto trimestre de 2023 fue contratada por la Secretaría para apoyar con asesorías hasta diciembre de 2024.
Aunque la información consultada vía transparencia, indica que ya ha sido parte de la administración pública en otros periodos. Fue personal administrativo de Participación Ciudadana en el último año del gobierno del exalcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas (2018-2021); y en 2019 fue secretaria ejecutiva de la ponencia del magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM), Armando Hernández.
La venta de plazas viola la LFT debido a que contraviene la igualdad de las oportunidades de trabajo, además de que el tráfico de plazas es considerado una falta administrativa grave, por lo que en los últimos años, el gobierno capitalino ha buscado erradicar esta práctica, por incidentes detectados en instituciones como la Secretaría de Salud, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
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