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Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Toluca encabezan la lista de zonas urbanas mexiquenses con mayores índices de agresiones contra las mujeres
Por Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
En el Estado de México, los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz y Toluca encabezan la lista de las zonas urbanas con mayores índices de delitos de género, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.
El reporte revela que la violencia contra las mujeres en estas demarcaciones se manifiesta en diversos frentes: desde feminicidios y violaciones hasta desapariciones y agresiones en el hogar.
En materia de violencia sexual, la ENSU estima que, durante el primer semestre de 2025, 15.9% de la población femenina de áreas urbanas fue víctima de al menos un tipo de acoso o violencia sexual en espacios públicos, como calles y transporte.
Las administraciones de Toluca (Ricardo Moreno), Chimalhuacán (Xóchitl Flores) y Tlalnepantla (Raciel Pérez) figuran entre las ciudades mexiquenses con mayor percepción de inseguridad, con porcentajes de 78.9%, 84.7% y 78.9%, respectivamente, mientras que Cuautitlán Izcalli (Luis Daniel Serrano) alcanza el 80.4%.
En cuanto a violencia doméstica, las cifras son preocupantes: la ENSU registra que una parte importante de los conflictos reportados en hogares y vecindarios de estas localidades tiene origen en agresiones intrafamiliares. Aunque los porcentajes fluctúan, Chimalhuacán y Tlalnepantla mantienen niveles que superan el promedio nacional.
A estos datos se suman los reportes de desapariciones y feminicidios documentados por autoridades estatales y organizaciones civiles, que señalan un patrón persistente de impunidad y falta de medidas de prevención efectivas.
Especialistas advierten que la combinación de alta percepción de inseguridad, violencia sexual recurrente y agresiones en el hogar, coloca a estas ciudades como epicentros de riesgo para mujeres y niñas en el Estado de México.
El panorama obliga a las autoridades locales y estatales a replantear sus estrategias, no sólo en el reforzamiento de la seguridad, sino en la atención integral a las víctimas y la erradicación de la violencia de género.
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