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Por Juan R. Hernández
En una ciudad que cambia de rostro a la velocidad de una renta impagable, la creación de la Defensoría de Derechos Inquilinarios no es un lujo, sino una urgencia. Integrada en las 14 acciones del Gobierno capitalino contra la gentrificación, esta figura promete ofrecer lo que hasta ahora ha faltado: un mecanismo real de mediación, apoyo legal y sanción para quienes incurran en abusos o desalojos ilegales.
El diputado Paulo García, vocero de Morena en el Congreso local, lo dijo sin rodeos: hoy no hay a quién acudir si un arrendador aumenta el alquiler de forma arbitraria o si un inquilino incumple sus obligaciones. La defensoría, asegura, buscará equilibrar la balanza, obligando a ambas partes a cumplir la ley y fomentando el respeto mutuo.
Pero, más allá del discurso, el reto será monumental. Los siete Diálogos contra la Gentrificación realizados hasta ahora han reunido a más de mil vecinos que han expuesto miedos, quejas y propuestas. La demanda es clara: se necesita protección efectiva, no solo promesas. Los próximos encuentros en Iztapalapa, GAM y Benito Juárez pondrán a prueba si este diálogo es verdaderamente vinculante o solo un ejercicio político.
En paralelo, vale reconocer otras acciones locales que sí han mostrado resultados. En Tlalpan, el programa Brigada Mariposa ha atendido en tres meses a más de 3,400 personas en zonas con alta incidencia de violencia de género, con jornadas comunitarias y recorridos casa por casa. Es una muestra de que, cuando hay voluntad y presencia territorial, se pueden cambiar realidades.
La nueva defensoría tiene ante sí la posibilidad de convertirse en un parteaguas para frenar el desplazamiento y garantizar que vivir en la ciudad no sea un privilegio reservado a unos cuantos. De lo contrario, será un expediente más archivado en la larga lista de buenas intenciones.
