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Por Juan R. Hernández
Vaya sacudida la que dieron locatarios y representantes de diversos mercados públicos de la Ciudad de México. No solo se deslindaron de los bloqueos organizados por el llamado Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos, también desautorizaron tajantemente a Edgar Mendieta, quien se ostenta como vocero de un sector que, según ellos, no lo reconoce. “No tenemos líderes, somos representados por nuestras mesas directivas”, afirmaron, dejando claro que no admitirán intermediarios autoimpuestos.
Y no es para menos. El gremio de los mercados públicos no solo enfrenta la amenaza del comercio informal, que los ha venido golpeando por años, sino ahora también la irrupción de actores que buscan representar intereses ajenos desde la opacidad. Alberto Vargas, dirigente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social, lo dijo con todas sus letras: no se puede permitir que personajes sin legitimidad negocien reformas con el Congreso local a nombre de quienes ni siquiera los reconocen.
Detrás del discurso de abasto popular y productos a bajo costo —una bandera que parece tener más fines políticos que sociales— hay una realidad: los mercados públicos pierden terreno frente a la informalidad, a la competencia desleal y ahora a las tiendas del Bienestar, que venden sin regulación ni facturación, lo cual mina aún más al pequeño comercio formal.
No se trata de frenar la ayuda social, sino de equilibrar el terreno. Vargas lo resume bien: no se oponen a la venta de productos básicos, pero piden que no se instalen cerca de los mercados, porque eso resta clientela a quienes pagan impuestos y cumplen con la ley.
El llamado es claro: diálogo sí, pero con quienes de verdad representan a los locatarios. Si el gobierno quiere fortalecer el comercio popular, debe empezar por reconocer a los auténticos interlocutores y frenar a quienes solo buscan reflectores o acuerdos a espaldas del gremio. Los mercados no quieren confrontación, pero tampoco ser ignorados.
