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Pese al riesgo que representan los predios localizados en zonas ilegales, la alcaldía no los ha reubicado ni regularizado
POR DIEGO RAYA
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Al menos 49 viviendas han resultado afectadas por inundaciones en la alcaldía Tláhuac, que encabeza Berenice Hernández, durante la presente temporada de lluvias. Las zonas más perjudicadas de la demarcación coinciden con la misma condición: están construidas en asentamientos irregulares que carecen de drenaje, servicios urbanos y planificación territorial, lo que vuelve difícil la intervención de las autoridades y servicios urbanos ante las emergencias.
Por ejemplo, en la colonia La Conchita Zapotitlán, se reportaron daños en 19 casas; la zona sido reconocida oficialmente como un asentamiento irregular. A pesar de ello, la administración encabezada por la alcaldesa Berenice Hernández Calderón no ha desplegado acciones de reubicación ni regularización.
En este sitio se calcula una población de unas 4 mil personas, distribuidas en alrededor de mil viviendas levantadas en zonas de humedales sin servicios básicos.

La situación es similar en el paraje Atotolco, donde, se calcula, unas 30 viviendas fueron afectadas por el desbordamiento de los cuerpos de agua cercanos. La zona también está identificada como asentamiento irregular, y alberga a más de mil personas en condiciones de alta vulnerabilidad.
Aunque la alcaldía cuenta con el programa Tierra y Predios —diseñado para atender asentamientos irregulares, coordinar desalojos y facilitar procesos de regularización— su operación ha sido insuficiente en las zonas descritas anteriormente. En Tláhuac existen, al menos, 30 asentamientos irregulares registrados, como Axolocalco, Peña Alta, San Bartolomé y Las Garzas, donde hay más de 2 mil viviendas que se encuentran en predios sin acreditación legal.
Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano establece sanciones para quienes promuevan asentamientos irregulares, que van desde multas hasta la prisión de tres a seis años, según el Artículo 86. Sin embargo, la alcaldía no ha sancionado ni desalojado a quienes ocupan ilegalmente estos predios.
Tampoco ha garantizado alternativas de vivienda digna, lo que deja a los pobladores de estas zonas expuestas a inundaciones, colapsos y otros riesgos sanitarios por la falta de infraestructura básica.
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