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Por Juan R. Hernández
jraymond73@gmail.com
Este viernes, Israel Vallarta Cisneros salió del penal del Altiplano, tras casi dos décadas privado de su libertad sin sentencia. La jueza Mariana Vieyra Valdez lo absolvió al no acreditarse su responsabilidad en delitos como secuestro y delincuencia organizada. Su detención, junto a Florence Cassez en 2005, fue transmitida como un operativo en vivo por la AFI de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, hoy condenados por tortura y crimen organizado.
El caso, plagado de irregularidades, tortura y montaje televisivo, simboliza las fallas estructurales del sistema judicial mexicano. Mientras Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, Vallarta permaneció casi 20 años en prisión preventiva. “Sabía que la verdad se iba a imponer”, dijo al reencontrarse con su familia, agradeciendo la intervención de la Defensoría Pública y el Comité contra la Tortura de la ONU.
Su libertad es un recordatorio incómodo: El antiguo Poder Judicial fabrica culpables y manteniendo presos sin sentencia. Vallarta, ahora libre, pidió una conversación pendiente con Carlos Loret de Mola, quien participó en la cobertura del montaje: “No te odio, Carlos, pero me debes una explicación”.
Así como Vallarta sobrevivió al abandono institucional, la Ciudad de México enfrenta otra deuda: la del agua. Una investigación de la Comisión de Hacienda del Congreso capitalino, encabezada por Pablo Trejo Pérez, plantea un marco normativo robusto para medir y reducir la huella hídrica. Propone metodologías obligatorias de reporte, políticas de “agua neutra” y observatorios metropolitanos, inspirados en casos de éxito de Singapur, Zaragoza y California.
Ambos temas parecen distantes, pero coinciden en lo esencial: la urgencia de instituciones sólidas y transparentes. Así como la justicia no puede depender de montajes, el agua no puede seguir administrándose con opacidad y desdén. La libertad de Vallarta y el futuro hídrico de la ciudad son pruebas de fuego para un Estado que aún debe aprender a rendir cuentas y garantizar derechos básicos.
