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Por Salvador Guerrero Chiprés
La palabra “despojo” trascendió de lo jurídico a la experiencia cotidiana de miles de familias enfrentadas a la amenaza de perder su casa.
Aunque el discurso sobre vivienda solía estar en el acceso, asequibilidad o financiamiento, ahora están en el centro de atención los casos donde las personas pierden su casa no por falta de pagos sino porque son despojadas. Literalmente echadas.
A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en despojos, con 38 mil 483 reportes en diez años, concentrados en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Las víctimas suelen ser personas adultas mayores, inquilinos de largo plazo, herederos en procesos intestamentarios o quienes han vivido durante décadas en predios sin regularización plena.
La “Estrategia contra Despojos”, presentada ayer por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, revela disposición interinstitucional ante un delito que despliega organización desde varios frentes. Las autoridades —entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y la Consejería Jurídica— se coordinarán a través de un gabinete especializado y apoyarán en la creación de una unidad operativa.
El objetivo es proteger a las personas y su patrimonio, para lo cual la prevención es central, así como canales múltiples de atención y presencia territorial, como Locatel o la línea de emergencias 9-1-1 operada desde el C5.
Fortalecer mecanismos de defensa jurídica para las personas en situación de vulnerabilidad resulta crucial. El acceso a asesoría legal, intervención temprana del Ministerio Público y la protección efectiva de posesionarios legítimos pueden marcar la diferencia entre una familia en la calle y una protegida.
Brugada lo puso en perspectiva: “defender el patrimonio de las familias es defender su bienestar”. La CDMX tiene una liga contra el despojo.
