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Vecinos de la colonia Hornos de Santa Bárbara, en Ixtapaluca, denuncian la inminente reapertura de una estación clandestina de gas, clausurada días atrás
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En la colonia Hornos de Santa Bárbara, de Ixtapaluca la rabia y el miedo se han convertido en motor de resistencia. Decenas de vecinos denuncian el intento de reapertura de una gasera ilegal en un predio conocido como La Llantera, pese a haber sido clausurado recientemente por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).
La molestia crece porque, a menos de diez días del cierre, los sellos fueron violados y todo apunta a que las operaciones clandestinas están por reiniciarse.
“La clausura fue puro teatro. Quitaron los sellos y otra vez están por meter la pipa de gas. No tienen permiso ni seguridad, esto es una bomba lista para estallar”, advirtió Juan Pérez, vecino de la zona.
Como muchos otros, acusa que hay dinero de por medio y que algunos funcionarios municipales estarían recibiendo sobornos mensuales a cambio de permitir la operación irregular. Las cifras que circulan entre los manifestantes son alarmantes: hasta 100 mil pesos mensuales por hacerse de la vista gorda.
La comunidad ha elevado su protesta ante la omisión de las autoridades locales. Aseguran que sus reportes no han sido atendidos, y acusan que están siendo ignorados pese a las evidencias del riesgo. “Aquí viven niños, abuelos, familias enteras.
“No es un terreno baldío, es una zona habitada. Si pasa una tragedia, ya sabremos a quién responsabilizar”, reprochó la señora Lorena Camargo, quien vive a escasos metros del predio.
La preocupación no se limita a un solo punto. En la colonia Olivos I, también en Ixtapaluca, surgió otro foco rojo: vecinos detectaron la construcción de una nueva estación de gas, a solo 200 metros de una escuela primaria.
La ley establece que este tipo de instalaciones deben estar al menos a 50 metros de viviendas o centros escolares, una disposición que, evidentemente, está siendo ignorada.
Frente a la falta de respuestas, los vecinos ya organizan nuevas acciones. Han advertido que, si en 48 horas no obtienen una respuesta formal de las autoridades estatales, acudirán directamente a dependencias federales y hasta a la Ciudad de México para ser escuchados.
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