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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Gobierno del Estado de México lanzó una ofensiva contra el transporte público irregular, en un intento por frenar la operación de unidades sin concesión, sancionar a conductores irresponsables y atender la creciente ola de quejas ciudadanas.
La Secretaría de Movilidad (Semov) informó que se ha iniciado una revisión exhaustiva del servicio público, lo que ya derivó en la revocación de cuatro concesiones y la apertura de 32 carpetas de investigación contra operadores por diversas faltas, entre ellas el abandono de víctimas tras accidentes, ocultamiento de vehículos siniestrados y omisión de auxilio.
Daniel Sibaja González, titular de la dependencia, explicó que en la entidad circulan cerca de 700 mil unidades de transporte, de las cuales solo 150 mil están regularizadas.
Esa diferencia, de más de medio millón de vehículos, representa un riesgo constante para los usuarios y un foco rojo para la seguridad vial.
Las medidas incluyen la presentación de denuncias penales contra quienes operen sin autorización.
De acuerdo con la coordinadora jurídica Ana Cecilia López Dávila, se aplicará el artículo 148 del Código Penal estatal, que establece sanciones que van desde multas hasta cárcel. También se contemplan mecanismos abreviados para casos menores.
Sin embargo, en las calles la percepción es distinta. Usuarios habituales afirman que, a pesar de los anuncios, no hay cambios reales en el servicio.
“Todos los días arriesgamos la vida en esas combis. Van a exceso de velocidad, los choferes no respetan ni los semáforos y nadie los detiene. Hablan de castigos, pero seguimos viendo a los mismos operadores en las mismas unidades chatarra”, lamentó Laura Méndez, vecina de Toluca.
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