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Por Juan R. Hernández
La Ciudad de México atraviesa un momento crítico. En lo que va de 2025, las extorsiones han aumentado un 317%, pasando de 148 víctimas en enero a 617 a la fecha. Esta cifra, denunciada por el PAN capitalino, no solo alarma por su magnitud, sino porque retrata una ciudad donde la delincuencia avanza sin freno mientras el gobierno se concentra en aprobar leyes que, según la oposición, poco atienden las urgencias ciudadanas.
Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la CDMX, acusa al gobierno de Clara Brugada de dejar a la capital en el abandono. Según sus cifras, más de 7 mil extorsiones ya se han registrado a nivel nacional, y la ciudad compite en violencia con entidades como el Edomex, Veracruz y Morelos. Héctor Barrera, secretario general del partido, advierte además sobre un subregistro preocupante por amenazas y desplazamiento forzado. No es solo dinero: son vidas rotas y patrimonios perdidos.
Mientras tanto, otro delito crece en silencio: el huachicoleo de agua. Olivia Garza, diputada local panista, propone sanciones de hasta 10 años de prisión por el robo del líquido vital. Las tomas clandestinas crecieron 128% entre 2022 y 2023, afectando a alcaldías como Tlalpan, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. En una ciudad con estrés hídrico, que haya quienes lucren con el sufrimiento de familias sin agua, debería ser una afrenta que nos una como sociedad.
Y en medio de este contexto, empresarios y trabajadores bloquean Insurgentes Sur para exigir la reapertura de negocios clausurados por el INVEA. Aseguran no ser delincuentes, sino víctimas de un sistema que los sanciona sin opciones viables de regularización. Mientras unos roban agua o extorsionan con impunidad, otros enfrentan clausuras por fallas administrativas menores.
